El Ayuntamiento de Torralba de Calatrava ha sido condenado por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real a asumir los derechos profesionales y económicos durante 14 meses de las dos trabajadoras que denunciaron a la entidad local tras su despido.
Las trabajadoras demandantes explican en una nota que pertenecían a la plantilla de la entidad local como trabajadora social y educadora de familia, y eran las dos únicas integrantes de la plantilla de Servicios Sociales de Atención Primaria. Desempeñaban su labor desde que en 2005 la Consejería de Bienestar Social firmara el Convenio del Plan Concertado con el Ayuntamiento, pudiendo así contar en exclusividad y todos los días de la semana con personal técnico propio.
En las últimas elecciones municipales hubo cambio de gobierno en Torralba, comenzando la legislatura del Partido Popular, con Mª Antonia Álvaro como alcaldesa. En la mitad del mandato popular, el equipo de gobierno tomó la decisión de renunciar al convenio que tenía firmado con la Junta de Comunidades y por ende despedir a las dos trabajadoras, alegando como motivos de esta decisión que “con el número de habitantes empadronados en la localidad, no estaban obligados a pertenecer al Convenio Plan Concertado y que el coste económico, 13.270,42 euros, era elevado para Torralba”. La alcaldesa llegó a asegurar en declaraciones en prensa, recuerdan las afectadas, que la Delegación Provincial de Bienestar Social llegó a recomendarle la renuncia a dicho Convenio. Poco tiempo después, “se ha sabido que ambos planteamientos han sido una falacia o total desconocimiento del tema por parte de la alcaldesa, ya que a pesar de la población censada en la localidad, la ley contempla que si existe demanda ciudadana y estudio técnico, Torralba sí puede adscribirse a dicho Convenio, quedando claramente demostrado posteriormente, que el personal técnico de Servicios Sociales era uno de los más demandados por el ciudadano con sus visitas a los despachos del Ayuntamiento o las llamadas telefónicas interesándose por hablar con dicho personal”.
El coste económico del convenio se repartiría entre la Consejería, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la aportación de la entidad local, que era del 30%, esto es, 17.145,92 euros, incluso se contaba con una subvención por parte de la Diputación Provincial que asumió 3.875,5 euros, que ya tenían concedida para 2018, pero como el Ayuntamiento renunció al Convenio tuvo que devolver dicha cantidad. Por tanto, que Torralba dispusiera a diario con el servicio de dos técnicos de Servicios Sociales, servicio con el que contaban los últimos 13 años, suponía 13.270,42 euros anuales, lo que implica unos 4 euros por torralbeño al año.
El despido de las trabajadoras se produjo el 31 de diciembre de 2017, sin informarse previamente a través de los técnicos de la Delegación Provincial de cuál era la labor desempeñada por ambas trabajadoras, el volumen de trabajo, etc. “lo que deja ver la falta de interés y desprecio ante el trabajo desarrollado durante más de una década”.
La propia Delegada Provincial tuvo que desmentir las declaraciones de la señora Álvaro, ya que desde Delegación en ningún momento se le recomendó renunciar a dicho Convenio, sino todo lo contrario.
Las dos trabajadoras interpusieron demanda ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real dictándose sentencia favorable a ambas, reconociendo que la relación laboral debía subsistir hasta que el Ayuntamiento cesara correctamente a las interesadas, por lo que la entidad local ha tenido que asumir no sólo el 30% cómo se ha venido haciendo según Convenio, sino el 100% del coste económico de las dos trabajadoras, cantidad que asciende a 48.500 euros, que incluye el sueldo y cotizaciones a la Seguridad Social, de todo el año 2018 y los dos primeros meses del año 2019, y sin haber contado con el trabajo de ambas profesionales.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria de la localidad están siendo cubiertos durante todo este período por personal de la Junta de Comunidades que solo atienden a la población un día en semana. Una decisión de la alcaldesa popular “que económicamente le ha salido muy cara a Torralba y un estrepitoso fracaso por querer ahorrase un 0,43% sobre el presupuesto total de Ayuntamiento”.
En definitiva, recalcan, el Ayuntamiento ha tenido que asumir 48.500 euros de las nóminas y seguridad social de 14 meses de ambas trabajadoras en su totalidad y no 13.270 euros como se venía haciendo con el Convenio con la Junta de Comunidades y la “drástica” bajada de servicio de atención al ciudadano que era prestado a diario durante los últimos 13 años y ahora solo se presta un día en semana.
Una vez màs queda al descubierto la ‘política social’ de los ‘populares’. Ahora, la sentencia debe acatarse……