El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha informado hoy de la aprobación en Consejo de Gobierno del Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter incentivador para proyectos dinamizadores de empleo local con un presupuesto para 2019 de un millón de euros.
Tal y como ha señalado en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos aprobados esta semana, “la finalidad de estas ayudas es incentivar e impulsar la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma fomentando la implantación de proyectos empresariales dinamizadores que apuesten por la contratación indefinida”.
En concreto, podrán acogerse a estas ayudas las empresas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro, de carácter privado.
Hernando ha detallado que se subvencionarán los contratos laborales por tiempo indefinido a jornada completa o fijos-discontinuos cuya suma de la jornada en cómputo anual sea, en todo caso, igual o superior al 50 % de la jornada ordinaria de la empresa y que se formalicen con trabajadores desfavorecidos que en el momento de la contratación se encuentren inscritos como demandantes de empleo, no ocupados.
Se entenderá por trabajador desfavorecido toda aquella persona que no haya tenido un empleo fijo remunerado en los 6 meses anteriores, tenga entre 15 y 24 años de edad, haya superado los 50, no cuente con cualificaciones educativas de formación secundaria o profesional superior o hayan finalizado su educación a tiempo completo en los dos años anteriores sin haber accedido antes a un primer empleo fijo remunerado.
También se aplicará esta circunstancia a aquellos que trabajen en un sector o profesión en el que el desequilibrio entre sexos sea por lo menos un 25 % superior a la media nacional o sean miembros de una minoría étnica en un Estado miembro y necesiten desarrollar su perfil lingüístico, de formación profesional o de experiencia laboral para mejorar sus perspectivas de acceso a un empleo estable.
Los puestos de trabajo se deberán generar en el territorio de la Comunidad Autónoma y el número mínimo de contrataciones a realizar será tres en las localidades de menos de 500 habitantes; cinco en las que tengan entre 500 y 2.000; diez en las que se sitúen entre los 2.000 y los 10.000 habitantes; 40 en aquellas que tengan entre 10.000 y 50.000; y 60 en las que tengan más de 50.000 habitantes.
El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha explicado que se subvencionarán los costes salariales por un periodo máximo de 12 meses con una cuantía máxima por trabajador de 4.000 euros si es un hombre y 4.500 si es una mujer.
Además, ha añadido, tendrán una especial consideración las contrataciones que se generen en zonas prioritarias y zonas ITI, sin que la intensidad de la ayuda puede exceder en ningún caso el 50 % de los costes subvencionables.
Las actuaciones subvencionables serán aquellas que se realicen desde la entrada en vigor del Decreto hasta el 31 de octubre de 2019.
Aportación de fondos a ‘Aval Castilla-La Mancha’
El Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de un millón de euros al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha para que la Sociedad de Garantía Recíproca ‘Aval Castilla-La Mancha’ cumpla con los requisitos exigidos por la ley y pueda seguir ofreciendo avales a las pymes de la región.
El Instituto de Finanzas, creado en 2001, es una empresa pública, cuyo capital es 100 por 100 de titularidad del Gobierno regional y que tiene entre sus funciones participar en el capital social o fundacional o prestar apoyo financiero a sociedades o fundaciones que faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras.
‘Aval Castilla-La Mancha’ tiene como objetivo mejorar el acceso de las pymes regionales a la financiación y en su capital participan además del Instituto de Finanzas, que es su socio mayoritario, entidades financieras, organizaciones empresariales como CECAM y pequeñas y medianas empresas.
Con esta aportación de fondos, ha señalado Hernando, “Aval Castilla-La Mancha cumple el requisito establecido por el Banco de España para que estas sociedades cuenten con una cantidad mínima de recursos propios de 15 millones de euros y “se da un nuevo impulso para que esta importante herramienta financiera pueda seguir otorgando operaciones de aval a las pymes de la región”.
