Antoni Margalida, Rafael Mateo.- Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Castilla la Mancha adscritos al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) publican esta semana una carta en la revista Science en la que ponen de manifiesto la problemática de la muerte ilegal de aves en Europa.
La Unión Europea ha promulgado varias directivas legislativas (Directiva Hábitats, Natura 2000) en un esfuerzo por detener la matanza ilegal de vida silvestre. Una de estas es la Directiva sobre delitos ambientales que exige a los Estados miembros de la UE que se ocupen de la matanza y el comercio de especies protegidas y que pongan fin a las pérdidas sustanciales de hábitats que forman la red Natura 2000. Los países miembros de la Unión Europea también han firmado convenciones internacionales sobre delitos contra la vida silvestre (CMS, CITES). A pesar de estos esfuerzos globales para proteger la biodiversidad, la matanza ilegal y el comercio de aves en la Unión Europea continúa sin cesar.
Según los investigadores, la legislación actual en la UE se queda corta en múltiples aspectos relativos a la protección de las aves. Primero, el objetivo final de la mayoría de las regulaciones ambientales es proteger y beneficiar a los humanos, no tanto conservar el medio ambiente compartido con la vida silvestre. En segundo lugar, la normativa comunitaria no se llega a aplicar en algunos casos, lo que conlleva sanciones para los países infractores. Por ejemplo, el gobierno español autorizó la captura de 1,7 millones de fringílidos para canto entre 2013 y 2018, presumiblemente para garantizar un stock de aves para la cría en cautividad en caso de que se impusiera la prohibición de captura en el futuro. En tercer lugar, los sistemas descentralizados en países como España presentan dificultades para el correcto cumplimiento legislativo de forma homogénea en todo el territorio. En el caso del uso ilegal de cebos envenenados, 10 de las 17 comunidades autónomas españolas aún carecen de planes de acción e invierten poco en recursos humanos y económicos o programas de conservación. La falta de compromiso de España para atajar definitivamente este problema se demuestra con los casos de intoxicaciones ilegales: en uno de los laboratorios de referencia para análisis toxicológicos del país (el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos), solo entre 2004 y 2018 se diagnosticaron un total de 892 casos de intoxicación ilegal incluyendo especies amenazadas como águilas imperiales, buitres negros, alimoches o milanos reales. Cuarto, las lagunas legales permiten a los países no aplicar las normativas comunitarias en su totalidad, como es el caso de la caza de aves migratorias en 26 países mediterráneos, que tiene como resultado la muerte ilegal 11 a 36 millones de aves cada año mientras migran a través de la región.
Para garantizar que los proyectos de reintroducción y conservación sean efectivos, se deben detener las actividades ilegales que amenazan a las aves. Según los investigadores “el primer paso debe ser la aplicación de las leyes de caza y ambientales, acompañadas de políticas educativas”. Para ello los gobiernos locales, regionales y nacionales en los estados miembros de la UE “pueden reducir las actividades ilegales al fortalecer las sanciones, estandarizar la implementación y aumentar los controles en el campo. La movilización de fondos a largo plazo para hacer frente a los delitos contra la vida silvestre es imprescindible para conservar la biodiversidad a la vez que se mantiene la caza legal de forma sostenible” mencionan los investigadores.
