Comunicado de STAS-CLM.– Durante la última legislatura del PSOE, este sindicato ha ido alertando del imparable aumento de los asesores/as técnicos/as docentes (ATDs) en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y sus respectivas Direcciones Provinciales.
A pesar de que la presencia de este tipo de personal de confianza del gobierno de turno tiene que estar regulada, al igual que sus funciones y su forma de provisión, este gobierno, ha evitado informar con claridad cuando se le ha preguntado, es más, cuando hemos requerido información por escrito al respecto, la ausencia de respuesta ha sido una constante. Son muchos y muchas las compañeras que se han dirigido al sindicato para denunciar esta situación que ya se hace insostenible y precisa una solución inmediata, no solo por aumento desmesurado de ATDs que ocupan puestos del personal funcionario de la administración general, sino además en lo referido a las funciones que desempeñan.
Y es que, son mayoría los casos en los que este tipo de personal lleva a cabo funciones puramente administrativas que siempre se habían realizado por personal del cuerpo auxiliar. Por poner ejemplos concretos, en la Dirección Provincial de Toledo, en servicios como Becas, Formación Profesional o Escolarización, donde se llevan a cabo procesos como admisión del alumnado en cuyo trámite debe estar garantizada la transparencia por personal funcionario y donde siempre ha habido 3, 4, o 5 auxiliares administrativos que realizaban todo el trabajo de manera imparcial (muchos de ellos con años y años de experiencia en ese puesto).
Pues bien, ahora en estos servicios, nos encontramos con 3 o 4 asesores/as (que tienen que aprender un trabajo con procedimientos administrativos que nada tiene que ver con el suyo habitual, la docencia) y ningún personal funcionario de la administración general, o solo con un auxiliar, nivel base, que, en la mayoría de los casos, además sufre sobrecarga de trabajo. Siguiendo con el ejemplo, la Dirección Provincial de Educación en Toledo, cuenta con unos 130 trabajadores. De ellos, calculamos que alrededor de un 20% es personal de libre designación, lo cual es una barbaridad. El número de asesores técnicos docentes (ATDs) ha ido aumentando hasta sobrepasar los 20 en una legislatura que arrancaba con 8. Por supuesto, esto tiene varias consecuencias.
Por un lado, afecta al personal funcionario de estos centros de trabajo, que ven cómo su carrera profesional está estancada por la falta de puestos con niveles superiores a los que acceder, y que son ocupados por personal de libre designación. Además, al ocuparse puestos como por ejemplo de auxiliar con asesores, tampoco se producen llamamientos de personal interino de las bolsas de trabajo. Los puestos de la Administración que se quedan libres por un concurso o jubilación se están cubriendo por este tipo de personal. Si desde este punto de vista organizativo esto es un auténtico disparate, desde el punto de vista económico ya es para echarse las manos a la cabeza.
Siguiendo con los ejemplos, el sueldo de un auxiliar administrativo está aproximadamente entre los 1050 € para un nivel 14 y alrededor de los 1400 para una jefatura de negociado (niveles 17 ó 18), que, por cierto, es a lo más alto que puede llegar el personal auxiliar en esta administración. Un asesor/a, cuando sale de su centro para desempeñar labores en la Consejería o la Dirección Provincial, sigue cobrando su sueldo de maestro/a o profesor/a, que oscila entre los 1600 y los 2000 respectivamente, y además recibe un complemento dependiendo del tipo de asesor/a que sea (tipo A o B), con lo que su sueldo puede llegar a los 2400 o 2500 €.
Y la guinda: sin necesidad del, tan conocido, informe favorable de la Consejería de Hacienda. Es decir, donde por ejemplo antes había un auxiliar administrativo, nivel 17, que conocía todos los detalles de su puesto por la experiencia acumulada, con un sueldo de unos 1400 €, al jubilarse éste, se le sustituye por un docente procedente de un centro educativo y al que le lleva tiempo conocer su nuevo trabajo, y que recibe alrededor de 2400 €.
Pero este despropósito no acaba aquí. Al docente que se ha incorporado como A.T.D., hay que sustituirle en el centro en el que estaba, por lo que se llama a otro docente de la bolsa de trabajo correspondiente y que también cobra su sueldo de docente. Hagan ustedes la suma, porque a lo mejor, el problema es que nuestro gobierno no lo ha hecho y por eso sigue despilfarrando de esta forma el dinero público en puestos para los suyos. Por si este gobierno tiene la ridícula tentación de enfocar esto como un enfrentamiento entre empleados/as públicos/as (de la administración general y la docencia, en este caso), que viendo el nivel de nuestra clase política entra dentro de lo probable, no podría estar más equivocado. Muy al contrario, se trata de proteger el empleo de calidad de toda la función pública, y que cada trabajador y trabajadora desempeñe el servicio para el que se ha preparado ofreciendo una administración pública profesional y de calidad.
Los procedimientos administrativos no son un mero instrumento al servicio de otras disciplinas, en la mayoría de los casos son los que garantizan la máxima eficacia de la administración y, lo más importante, los derechos de los intervinientes en el proceso y sobre todo de la ciudadanía destinataria del servicio, prestación o lo que sea. El elemento clave que diferencia el trabajo administrativo de las administraciones públicas del que se da en otras empresas es precisamente el rigor de y en los procedimientos, si prescindimos de esto con la participación de personal no administrativo estaremos tirando piedras contra nuestro propio tejado.
La conclusión a la que llegamos es la forma en la que este gobierno concibe la Administración, no como algo a cuidar para obtener el mejor servicio posible a la ciudadanía y optimizando sus recursos, sino como una extensión de su organización en la que colocar como altos cargos a sus compañeros del partido. No hay más que mirar las continuas modificaciones de R.P.T.
