El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al nuevo decreto de Planificación Farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas de Farmacia y Botiquines, según ha informado hoy en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando.
Las principales aportaciones de este proyecto de decreto son que favorece la sostenibilidad de las oficinas de farmacias rurales, valorando con mayor puntuación el ejercicio de la profesión en núcleos de población con menos de 750 habitantes o estableciendo como criterio prioritario para la adscripción de botiquines que la oficina de farmacia esté ubicada en el núcleo con menor población.
Además, se introducen dos nuevos artículos, el 16 y el 20, sobre la figura del titular de la oficina de farmacia y sobre el personal auxiliar, al que se identifica como aquella persona con el Titulo de formación profesional de Técnico en Farmacia y Parafarmacia o títulos o certificados equivalentes y determina que solo ellos bajo la supervisión del farmacéutico podrán realizar determinadas funciones.
Por último, se elimina la necesidad de presentar en los distintos procedimientos la documentación que ya obra en poder de la Administración o a la que ésta puede tener acceso, como DNI o diferentes Títulos, simplificando los procedimientos para la comunicación y solicitudes de autorización, adaptándolas a la normativa sobre administración electrónica y procedimiento administrativo.
Hernando ha recordado que el último concurso de adjudicación de instalación de nuevas oficinas de farmacia se convocó en 2007, por lo que desde ese año no se ha autorizado ninguna nueva oficina de farmacia. Según los cálculos realizados conforme a la normativa actual, la aprobación de este nuevo decreto permitirá la apertura de aproximadamente 50 nuevos establecimientos de este tipo.
Desarrollo de un nuevo modelo de historia clínica interoperable
El Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento del proyecto que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está llevando a cabo, junto al Servicio Canario de Salud, para el desarrollo de un nuevo modelo de historia clínica electrónica interoperable y unificada, al que podrán adherirse aquellos sistemas sanitarios que lo consideren oportuno.
El objetivo es generar una historia clínica interoperable, basada en una norma de alcance internacional, aplicable en los centros asistenciales de ambas comunidades autónomas, y resolviendo las dificultades y limitaciones que supone el actual uso de historias clínicas electrónicas fragmentadas y con dificultades para la interconexión.
Por sus características, este proyecto piloto se enmarca dentro del modelo de Compra Pública Innovadora, por lo que ha sido necesario convocar una ‘consulta preliminar al mercado’ para conocer qué puede ofrecer éste en base a las necesidades del proyecto, de cara a una eventual contratación pública en el futuro próximo.
Hernando ha explicado que este proyecto, conocido como ISOHCE, cuenta con la validación de los ministerios de Sanidad y de Ciencia y Tecnología y, una vez se consolide, podrá contar con una financiación de fondos europeos prevista en cerca de cinco millones de euros.
Así, ha señalado que, al igual que ya ocurre con la receta electrónica interoperable, “este nuevo software facilitará la continuidad asistencial de los pacientes en el ámbito de los sistemas sanitarios que deseen sumarse a este proyecto, mejorando así la seguridad del paciente”.
10,8 millones para plazas de acogimiento residencial de menores
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha autorizado también un gasto de 10,8 millones de euros para la suscripción de seis convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan en Castilla-La Mancha para la gestión de plazas y hogares para el acogimiento residencial de menores que están afectados por medidas de protección o judiciales.
Así, se firmarán convenios con la Asociación para la Integración del Menor ‘PAIDEIA’, que recibirá tres millones de euros; Asociación ‘ACCEM’, con 1,8 millones de euros; Asociación ‘Aldeas Infantiles SOS Castilla-La Mancha’, con algo más de 1,1 millones de euros; Asociación Colabora, con 2,5 millones; Asociación para el Desarrollo Integral de Menores ‘DIME’, con casi 1,3 millones; y la Fundación Diagrama, que recibirá algo más de un millón de euros.
Según ha detallado el portavoz regional, se dará cobertura, en el marco del Decreto de centros, a alrededor de 500 plazas en 63 centros de menores en las cinco provincias de Castilla-La Mancha -56 hogares de menores, seis pisos de autonomía y un Centro de Convivencia- que cuentan con más de 400 profesionales para la atención de los menores.
El Convenio que se suscribe con la Fundación Diagrama supone además la puesta en marcha de tres hogares con un total de 30 plazas, mientras que el resto de los convenios se suscriben anualmente para amparar los gastos previstos para su ejecución y destinados a financiar los gastos de personal y otros gastos como son la manutención, vestido, actividades realizadas en los hogares, o el mantenimiento del hogar, entre otras.
Subvenciones para la extensión de la banda ancha a entornos rurales
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 2,5 millones de euros para la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nuevo generación para zonas de interés económico en entornos rurales de Castilla-La Mancha.
Se trata de una orden de ayudas, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que tiene como finalidad en estos próximos tres años acelerar la extensión de los servicios de banda ancha de muy alta velocidad, entre los que se encuentran la fibra óptica, a zonas de interés económico, como polígonos industriales o centros tecnológicos.
La medida puede ser destinada a algo más de 120 polígonos industriales que se encuentran en esta situación, de los que 48 han sido identificados como ‘islas blancas’ por parte del Gobierno regional ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
La cuantía de cada subvención no podrá superar el 80 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda y podrá incrementarse hasta un 90 por ciento si éste contempla dentro de sus objetivos de cobertura a zonas pertenecientes a municipios incluidos en zonas ITI.
