Diputaciones

Hubo dos intentos fallidos de constitución de las diputaciones provinciales, Cortes de Cádiz y Trienio Liberal, pero fueron ahogados por los contrarrevolucionarios. La fecha de puesta en marcha fue similar en todas las provincias y a partir de entonces están presentes en la vida política española.

Es preciso recordar que las tentativas fueron parejas a dos divisiones provinciales, aunque hasta la organización en provincias del ministro Javier de Burgos y Olmo no se consolidó el sistema de diputaciones provinciales.

Por real decreto de 30 de noviembre de 1833 España se dividía en cuarenta y nueve provincias que, con arreglo a su artículo primero, tomaban el nombre de sus respectivas capitales, salvo Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Después, poco a poco se fueron formando las diputaciones en las diferentes provincias. Por ejemplo, la Diputación Provincial de Ciudad Real nació, tras el fugaz precedente de 1822, en el año 1835. El gobernador civil, Andrés Rubiano, ordenaba su puesta en marcha de la siguiente forma: “En el día cinco de noviembre se instalará en esta capital la Diputación provincial. Y lo aviso al público para su conocimiento” (Boletín Oficial de Ciudad Real, 25.10.1835). Por cierto, durante el año pasado se ha celebrado muy discretamente el 125 aniversario del edificio que acoge a la Institución.

Es preciso indicar que la función de las diputaciones ha variado mucho a lo largo del tiempo. Actualmente, la ley reconoce para ellas cuatro competencias principales: coordinación de servicios municiaples; asistencia económica, jurídica y técnica; prestacion y organización de servicios públicos supramunicipales; desarrollo económico y social de la provincia.

Ya me ocupé hace unas semanas de La España vacía (2016), primera obra de Sergio del Molino. Dos años después ha publicado Lugares Fuera de Sitio. Viaje por las fronteras insólitas de España (2018) y a propósito del nuevo libro su autor era entrevistado hace pocos días por Pablo Rivas en El Salto (23.2.2019), que hacía la pregunta siguiente: “Otra bofetada histórica. Las provincias, en concreto las diputaciones provinciales, son hoy símbolo de ineficacia, corrupción y chiringuito político, pero resulta que en su día fueron un instrumento para modernizar el país y acabar con vicios feudales. ¿Nos las cargamos o no?”.

El escritor opina que no es necesaria su desaparición pues las considera un instrumento que ha demostrado utilidad. Además, declara, que es muy fácil acabar con los corralitos y con todo el marasmo de corrupción que llevan aparejado, sencillamente incorporando el sufragio universal. Está claro que las diputaciones constituyen un nivel administrativo que no se elige mediante el voto de los ciudadanos, cosa que sí se hacía en otros momentos de su historia. La elección de los diputados provinciales se realiza actualmente de forma indirecta, aplicando la famosa Ley D’Hondt a los resultados obtenidos por las formaciones políticas en las elecciones municipales. Aunque la papeleta que se tiene en cuenta para la formación de las diputaciones es la de las elecciones locales, los municipios no son la circunscripción fijada para elegir a los diputados provinciales, son los partidos judiciales.

Ya se sabe que en España han funcionado desde la creación de las diputaciones tres niveles administrativos: estatal, provincial y municipal. A ellos se unió, tras la aprobación de la Constitución de 1978, el autonómico. Parece evidente que cuatro niveles son muchos y aun se podría considerar uno más, el de las mancomunidades. Por eso, de vez en cuando aparece en el mundo político el tema de la desaparición del nivel provincial, es decir, del fin de las diputaciones. Ante la crisis profunda del Estado autonómico, Sergio del Molino cree que es un momento interesante para volver a valorar la provincia como un eje vertebrador que garantice el principio de igualdad de los españoles y para ello ve una forma tan sencilla como elegir las diputaciones provinciales por sufragio universal, lo que “cambiaría radicalmente la visión que tenemos de las provincias”.

Hace unos años se llegó a hablar de un pacto secreto entre PSOE, Ciudadanos y Podemos para eliminar las diputaciones. Ciudadanos, el partido veleta, tuvo una época en la que prometía eliminar las diputaciones y fusionar ayuntamientos, pero como tantas otras cuestiones ya ha olvidado la propuesta. Claro, que como escribía en un twitter José Zaragoza Alonso, diputado del PSC, en extracto de su intervención en el Congreso, Ciudadanos carece de credibilidad y recordaba tres mentiras de la formación naranja: «“No haré presidente a Rajoy”… Y Rivera lo hizo presidente. “No pactaremos con VOX”… Y Ciudadanos ha pactado con VOX. “Quiero ser Presidenta de Catalunya”… Y Arrimadas huye a Madrid» (Twitter, 26.2.2019).

Pero si se opta finalmente por el mantenimiento de las diputaciones es preciso reflexionar sobre sus competencias y sus actividades. Quizá necesiten mayor legitimidad política y el voto directo para la elección de los diputados, como señala Sergio del Molino, podría ser una fórmula necesaria. Otro problema es la presencia de los cargos políticos de las diputaciones en la vida política de ayuntamiento y diputación, lo que genera conflictos de intereses y cierta dispersión de objetivos.             Asimismo hay que reflexionar sobre los objetivos de las instituciones provinciales. En ocasiones hay un exceso en el uso de competencias y se toman decisiones para realizar proyectos que estarían más cerca del Estado o de la propia comunidad autónoma. Por otra parte, problemas tradicionales propios de las administraciones, como burocratismo, clientelismo, corporativismo o nepotismo, además de corruptelas más o menos encubiertas, son más acusados en las diputaciones.

Isidro Sánchez
Desde el revés de la inopia