Desde el inicio de la legislatura el presupuesto destinado a acciones de formación profesional para el empleo en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha crecido un 30%, mientras que las personas que se forman en acciones con compromiso de contratación se han quintuplicado.
Así lo ha dicho hoy, en sede parlamentaria, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que también ha avanzado que en el marco del III Plan de Formación Profesional, este mismo año, se incorporarán los primeros 17 orientadores profesionales a los centros educativos de FP de la región, que alcanzarán los 50 antes del fin del plan en 2022.
La titular regional de Economía ha intervenido hoy en las Cortes autonómicas en el marco de la presentación del Proyecto de Ley del Consejo de Formación Profesional, por el que se modifica la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha. Una actualización normativa determinante para ofrecer una formación profesional, cualificaciones y acreditación, más conectado con la demanda social y económica, profundizando en la regulación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
“Para este Gobierno la formación profesional para el empleo es, desde el inicio de la legislatura, una de nuestras prioridades que nos han llevado a reforzar la actividad del Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, dando más protagonismo a la formación profesional a través de este órgano”, ha apuntado la responsable de la cartera de Economía, Empresas y Empleo, al tiempo que ha argumentado que “ha mejorado la formación y cualificación media de la población trabajadora y acercando la formación a las necesidades de las empresas, mejoramos la empleabilidad de las personas desempleadas, la adaptación al empleo de las personas ocupadas y la competitividad de nuestras empresas”.
El pasado 17 de julio el Gobierno regional aprobó el III Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros. Desde 2012, que terminó la vigencia del anterior, no se había renovado. Este Plan pretende poner la formación profesional en el sitio que se merece en el sistema de educación y formación.
El objetivo es llevar a cabo la modernización integral de todo el sistema, poniendo el foco de la formación profesional en el centro educativo, conectando la formación reglada con las necesidades de las empresas, y facilitando el aprendizaje permanente del profesorado, alumnado y trabajadores, para contar con un capital humano cada vez más cualificado y adaptado a los nuevos requerimientos de un mercado laboral cambiante.
Balance
Desde el año 2015 más de 117.000 personas son beneficiarias de la formación profesional para el empleo, con una inversión de cerca de 230 millones de euros; el 87% del presupuesto que la Consejería de Economía destina a la formación para el empleo está dirigido a personas desempleadas y el 93% de la formación a desempleados que se imparte en Castilla-La Mancha capacita para la obtención de un certificado de profesionalidad, con un incremento del 33% respecto a la anterior legislatura.
Patricia Franco ha recordado que el grado de inserción que ofrece esta formación roza el 60% a los seis meses y alcanza el 70% al año de su finalización y que cerca de 2.000 personas se han formado en especialidades antes no impartidas en Castilla-La Mancha, lo que ha permitido diversificar la oferta formativa de la región.
Adquisición de competencias clave
En este orden de cosas, también ha recordado que más de 13.000 personas han adquirido las competencias clave de matemáticas o lengua en las siete pruebas organizadas desde la Consejería de Economía, o en acciones de formación, lo que les permite mejorar sus posibilidades ante la búsqueda de un puesto de trabajo.
En este breve balance de actuaciones, la consejera ha hecho alusión a la apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page por la formación dual, limitada en la pasada legislatura a los talleres de empleo, mientras en esta legislatura se han puesto en marcha cuatro nuevos programas: los programas de recualificación, el CREA, destinado a colectivos más alejados del mercado de trabajo y los programas Formación Plus y Dual Empleo, dirigidos a jóvenes. A todo ello ha sumado las ayudas a la realización de contratos para la formación y el aprendizaje, que han permitido que más de 2.200 jóvenes trabajen mientras se forman desde 2016, unas ayudas que en la pasada legislatura sólo se facilitaron 35 contratos.
La consejera ha recordado que también se ha convocado un 85% más de plazas de acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral que en la legislatura pasada, pasando las cualificaciones convocadas de dos en la pasada legislatura, a 15 en esta. Del mismo modo, se ha retomado la formación propia y el convenio con el SEPE en los Centros de Referencia Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Gas en Guadalajara y de Industrias Alimentarias en Ciudad Real, olvidados la pasada legislatura.
