El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado hoy en consideración el anteproyecto del Estatuto de las Mujeres Rurales, que, con rango de Ley, será trasladado al Consejo Consultivo para que realice el informe preceptivo y que, posteriormente, pueda ser llevado a las Cortes regionales en esta legislatura para su aprobación.
Una normativa que responde al compromiso del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page para dar visibilidad a las mujeres en el medio rural y acabar con la “doble discriminación” que viven actualmente frente a las mujeres que habitan en las zonas urbanas.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación esta mañana el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural durante la rueda de prensa posterior a la reunión de esta mañana, donde ha desgranado los asuntos que se han tratado en la jornada de hoy martes.
Según ha explicado Martínez Arroyo, con esta normativa se pretende priorizar “por Ley” a todas las mujeres que viven en el medio rural, en todas las líneas de ayudas públicas que tengan que ver con la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria o el desarrollo rural y “cubrir el déficit” que la sociedad tiene con ellas, ya que por vivir en los pueblos se ven más afectadas por el acceso al mercado laboral o la falta de infraestructuras.
Esto es algo, ha explicado, que ya se viene haciendo a lo largo de esta legislatura, en líneas concretas como la fomento de la calidad, Focal, donde las industrias con más creación de empleo femenino tienen más ayudas. También se ha priorizado al colectivo femenino en el caso de la convocatoria de incorporación de jóvenes, donde se otorgan con 10 puntos a los proyectos presentados por mujeres, cuando con 20 puntos se consigue el mínimo para incorporarse al sector agrario, logrando que ninguna mujer que quiera dedicarse a la agricultura o la ganadería se quede fuera.
En este punto, Martínez Arroyo ha recordado que de los 1.218 jóvenes incorporados al campo en la primera de las convocatorias de jóvenes de esta legislatura, 306 son mujeres, cuando en las convocatorias de 2012 fueron solo 75 y 170 en la de 2014, cifra que se espera superar en la nueva convocatoria de 2018 que se resolverá en abril y donde de las 1.650 solicitudes, 529, el 32 por ciento, una de cada tres, lo son de mujeres, siendo el “porcentaje más alto conseguido” hasta el momento”, gracias a la prioridad que da el Ejecutivo en líneas como ésta.
Apuesta por la paridad en los órganos de dirección
Además, en el Estatuto de las Mujeres Rurales se incluye que, en un periodo de cuatro años desde el momento en el que se apruebe la normativa, será obligatorio que todas las organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones empresariales o sindicales que accedan a las ayudas públicas garanticen “que al menos el 40 por ciento de sus órganos de dirección sean mujeres”.
También, aquellas empresas particulares y cooperativas que tengan en marcha un plan de igualdad, o en las que más del 50 por ciento de los miembros de los consejos de dirección o los consejos rectores sean mujeres, van a tener prioridad en las ayudas.
De esta misma manera, se fomentará la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la seguridad social, a través de ayudas y subvenciones en el abono de las cuotas en el régimen que corresponda.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha explicado que este Estatuto contará con una contribución adicional con otra normativa: la Ley para el Desarrollo Rural Territorial de Castilla-La Mancha, de la que se tendrá listo un borrador antes de finalizar esta legislatura y que garantizará los derechos a todos los habitantes del medio rural.
Y es que ha lamentado que en la pasada legislatura no se favoreciera a las personas que viven en los pueblos, en una Comunidad donde el 90 por ciento de territorio es rural, y en la cual se cerraron centros educativos y se recortaron servicios tan relevantes como los sanitarios, con el cierre de las urgencias o la supresión del transporte escolar, que obligaron a muchas mujeres a asumir las tareas, incluso, del cuidado de las personas mayores.
Recursos contra los planes de sequía y el trasvase del octubre
Además del Estatuto de las Mujeres Rurales, esta mañana se ha aprobado en el Consejo de Gobierno la presentación de dos recursos contencioso-administrativos en materia hídrica.
Por un lado, frente a los planes de sequía que aprobó el anterior Gobierno nacional, de las cuentas del Guadalquivir, Segura, Júcar y las demarcaciones del Tajo y Guadiana.
“Lo hacemos porque no se cumple la directiva marco del agua” ha incidido Martínez Arroyo, quien ha precisado que con estos planes se entiende que “se perjudica a una región que tiene la titularidad competencial en cuestiones sobre agua”.
Además, por otro lado, se ha aprobado recurrir el trasvase realizado de 20 hectómetros cúbicos en el pasado mes de octubre, y es “uno más de los recursos que se plantean en esta legislatura en la que se han recurrido todos los trasvases en el momento en que ha sido posible jurídicamente”. Así, ha lamentado que no se tenga en cuenta posición de Castilla-La Mancha desde el punto de vista político y jurídico.
El objetivo Gobierno regional es transformar la realidad y que se adopten otros métodos alternativos, como son desaladoras a disposición regantes y ponerlas al 100 por ciento de su funcionamiento y que “ocurra cuanto antes”
También ha recordado que el presidente de Castilla-La Mancha acudirá a Bruselas con un informe detallado sobre el efecto que tienen los planes de sequía y los trasvases sobre el actual caudal del río Tajo a su paso por Toledo tanto sobre la biodiversidad vegetal como animal, un informe que pone de manifiesto que no se han tenido en cuenta lo que está acarreando la reducción de los caudales ecológicos, a la hora de tomar decisiones.
