El portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Adrián Fernández, ha exigido al presidente de la Institución, José Manuel Caballero, que cumpla la Ley y exima del pago del SCIS a los pueblos de la provincia de entre cinco mil y veinte mil habitantes.
En rueda de prensa, ha explicado que, tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la consiguiente modificación que afectó a las competencias de las Diputaciones Provinciales, el artículo 36 estableció como propias de las diputaciones la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. La disposición final segunda de la LRSAL obliga a los consorcios y, por tanto, también al SCIS, a adscribirse a las administraciones públicas con mayor número de votos y, por consiguiente, en el presente caso, a la Diputación de Ciudad Real.
Además, ha recordado que, como consecuencia de estas modificaciones legales en el régimen de competencias en materia de prevención y extinción de incendios, numerosos ayuntamientos procedieron a realizar una reclamación para exigir a la Diputación y al consorcio SCIS la asunción de sus obligaciones legales, reclamaciones que alcanzaron la vía judicial y finalizaron en un acuerdo extrajudicial entre Diputación, ayuntamientos y el SCIS y dio lugar a un pacto de carácter provisional que daba cumplimiento parcial a lo dispuesto en el artículo 36 de la LBRL. Así, la Diputación asumía, a partir del año 2015, el 50% de las asignaciones que los ayuntamientos de más 5.000 y menos de 20.000 habitantes pagaban en función de los estatutos del consorcio, acuerdo que fue refrendado por los órganos competentes de la Diputación Provincial y del Consorcio SCIS.
El acuerdo, según ha explicado Adrián Fernández, estableció un periodo transitorio para el abono a los ayuntamientos del 50% de estas asignaciones correspondientes al 2014 por parte del consorcio, finalizó en 2017 y, desde entonces, muchos ayuntamientos consorciados han venido exigiendo que se reclame a la Diputación que cumpla completamente lo dispuesto legalmente y que se haga cargo del servicio de prevención y extinción de incendios en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Por desgracia, el presidente se ha negado a debatir en la Asamblea esta propuesta y ha impedido el ejercicio de los derechos constitucionales de participación política que corresponden a los ayuntamientos que forman parte del SCIS.
El portavoz popular espera que el presidente de la Diputación Provincial apruebe la moción del Grupo Popular y que también lo haga el Grupo Socialista en su conjunto ya que cuenta con alcaldes de pueblos que están pagando algo que no les corresponde como, por ejemplo, el propio presidente del SCIS y alcalde de Manzanares, Julián Nieva.
En otro orden de cosas, Adrián Fernández ha pedido a Emiliano García-Page que cumpla lo prometido y ayude a los ayuntamientos a pagar la subida del Salario Mínimo Interprofesional de los trabajadores de los planes de empleo. En este sentido, y tras aclarar que el PP está a favor de la subida salarial que afecta a los trabajadores, ha lamentado que Page pretenda, una vez más, que “la Diputación y los ayuntamientos hagan de bancos para financiar sus anuncios”.
