Castilla-La Mancha contará esta legislatura con una Ley de Economía Circular a la vanguardia, fruto de un amplio proceso participativo, convirtiéndose así en una región pionera en España en tener y en aplicar una normativa de esta envergadura con la que reducir residuos, tras la aprobación de su anteproyecto por el Consejo de Gobierno esta misma mañana.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha explicado durante la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado hoy en Toledo, que ha tomado en consideración este anteproyecto que, a partir de este momento, pasará al Consejo Consultivo para su posterior debate y aprobación en la Cortes de Castilla-La Mancha antes de finalizar esta legislatura.
Con esta normativa, ha destacado Francisco Martínez Arroyo, la región ha sentado las bases para pasar de una economía lineal, consistente en producir, usar y tirar, a un modelo circular, abarcando la totalidad del ciclo de vida del producto, desde su producción hasta su consumo, pasando por la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias, como ya se vienen haciendo, por ejemplo, en la agricultura con la reutilización de aguas depuradas para riego en el campo o el avance en la valorización de los subproductos, siendo fuente de ingresos que se reciclan y reutilizan a día de hoy.
De lo que se trata es que el residuo se convierta a su vez, en recurso y pueda volver a ser utilizado, produciéndose una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, mitigando las externalidades negativas para el medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.
Así, ha explicado, que con la Ley de Economía Circular se conseguirá lo que ha calificado de un “triple beneficio sostenible”, abarcando no solo el ambiento ambiental, sino el económico y el social.
Según reflejan los estudios previos desarrollados para la creación de esta normativa, se obtendrían, a nivel empresarial, un incremento del 30 por ciento de beneficios; mientras que desde el punto de vista social, se generarán nuevas oportunidades de empleo y de negocio y en el ámbito medioambiental, y por supuesto, ha destacado Martínez Arroyo, se seguirá avanzado en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Se aplicará el principio de quien contamina paga
Dentro de esta norma pionera a nivel nacional, se incluye también que en el plazo de un año de su entrada en vigor, la Consejería con competencias en materia tributaria será la encargada de regular el tributo por el que se grave el depósito de residuos industriales peligrosos, residuos industriales no peligrosos y residuos de construcción y demolición en vertedero.
Además, en el mismo plazo, la normativa contempla que sea el Gobierno quien establezca un sistema de fianzas para las empresas que gestionen residuos peligrosos en Castilla-La Mancha.
De esta forma, se hará realidad la aplicación práctica del principio ‘el que contamina, paga’, de manera que, en caso de problemas ambientales sea las empresas y no los ciudadanos quienes “hagan frente a los costes de reparación medioambiental”.
Nuevas oportunidades empresariales
En cuanto al empleo y la economía, con esta Ley, ha explicado hoy Martínez Arroyo, se crearán nuevas oportunidades empresariales y laborales, basadas en la innovación, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables y, por ende, la integración y cohesión social, en el marco de los compromisos mundiales de la Unión Europea establecidos en la Agencia de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, ante lo cual desde Castilla-La Mancha se ha conseguido ya sobrepasar con creces los mínimos establecidos en reciclaje por ejemplo de plásticos, papel y cartón y metales.
De la misma manera, esta normativa, proporcionará las condiciones aptas para que aparezcan nuevos nichos de negocio asociados a otros ya existentes, alineados con la Economía Circular, ya que el agotamiento de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la economía hipocarbónica serán vectores que definirán las economías modernas venideras.
Entre los ejemplos, ya presentes en la región de este tipo de empresas, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha destacado la puesta en marcha esta legislatura de la Planta Clamber de Puertollano, una biorrefinería de I+D, una instalación pública que está dedicada a la investigación científica, a la realización de experimentos de escalado y al desarrollo de nuevos bioprocesos y bioproductos a partir del aprovechamiento de biomasa húmeda fermentable o lignocelulósica, tanto residual como cultivada.
Una ley participativa
El anteproyecto de Ley de Economía Circular ha ido tomando forma desde que en octubre de 2017 se sometiera a consulta pública, debatiéndose en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y contando con un periodo de información pública donde recibió ocho alegaciones de empresas y asociaciones que fueron incluidas en el texto, salvo aquellos casos en los que ya estaban contempladas en el mismo.
Además, se ha presentado en diversos foros regionales y nacionales, como en las Jornadas Empresariales de Manzanares de la UCLM, en el CONAMA 2018 o a través de unas jornadas de formación organizadas por Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Visto bueno para la Ley de Evaluación Ambiental
Además, en el Consejo de Gobierno celebrado este martes, se ha dado luz verde a la Ley de Evaluación Ambiental, una normativa que establece la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.
Una ley que, una vez pase directamente por las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación, se aplicará a todos los procedimientos de evaluación que se inicien a partir de su entrada en vigor y que, pretende mantener las garantías ambientales y simplificar tramitaciones para los proyectos que llegan, por ejemplo, a los ayuntamientos que estarán apoyados por la Administración regional para su tramitación, y que, además, entre otros aspectos incluye, por ejemplo, la supresión de una evaluación ambiental para aquellos pequeños proyectos de inversión.
