Puertollano: El Juzgado cita como investigado al exalcalde Joaquín Hermoso por la funcionarización de matarifes

El Juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano ha llamado a declarar en calidad de investigado al exalcalde de la ciudad minera, Joaquín Hermoso Murillo, en las diligencias por presunta prevaricación administrativa en el proceso de funcionarización de 13 trabajadores del extinto matadero, al considerar que pudiera haber indicios de delito en las conductas denunciadas.

Así lo ha avanzado este domingo en nota de prensa la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento de Puertollano (FIDAP), que actúa como acusación particular en este caso.

Según las mismas fuentes, Hermoso deberá comparecer el próximo 8 de enero, a las 11.30 horas, en relación a la creación de dichas plazas que, a juicio de FIDAP, «tuvieron nombres y apellidos» cuando el servicio «ya estaba extinguido, habiéndose tenido en cuenta méritos jamás desempeñados porque el degolladero se encontraba cerrado desde el año 2007.

Según informa FIDAP, con fecha 21 de diciembre de 2018 se ha dictado una Providencia por la jueza que viene a señalar que se encuentra justificada la petición realizada por FIDAP-2011 de recibir en declaración a Joaquín Hermoso Murillo, «dada su participación activa en los hechos denunciados, así como en la elaboración de la propuesta aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal, pues fue él quién convocó dicho Pleno y tiene la obligación de conformar los expedientes con todos los informes jurídicos de los asuntos a tratar, además de ser la persona que aprobó las bases específicas de la convocatoria de dichas plazas y nombró funcionarios a dichos aspirantes con unos méritos no realizados».

En su comunicado, FIDAP «no espera» que Hermoso Murillo «conteste a sus preguntas, al igual que la actual regidora municipal, Mayte Fernández, que también se negó a responder a las preguntas de su letrado cuando declaró en presencia de su abogado y como investigada por su participación en estos hechos el pasado día 5 de diciembre de 2018».

De igual forma, y a petición de la acusación particular, el juzgado también ha citado en calidad de testigo de los hechos de referencia a la jefa de Negociado de la época, Encarnación Gómez Mora, que ya prestó declaración en su día ante el Ministerio Fiscal, «con el fin de que ilustre a su señoría acerca de quién informó de los méritos y antigüedad de los aspirantes a conseguir dichas plazas, en virtud de los cuales se les otorgó hasta cinco puntos, a pesar de no poder haber desarrollado las funciones propias de ayudantes de matarife al encontrarse cerrado el servicio de matadero desde el año 2007, pues según las bases aprobadas por Hermoso Murillo, se debía de acreditar su experiencia profesional en el desarrollo de dichas funciones específicas que debían de ser plenamente coincidentes con las propias de las plazas y puestos objeto de dicha convocatoria, mediante certificaciones emitidas por el propio Ayuntamiento».

«La causa no se archiva»

Por otra parte, y «en contra» de lo manifestado por la alcaldesa Mayte Fernández el pasado día 5 de diciembre de 2018 a preguntas de los periodistas después de prestar declaración como investigada, FIDAP sostiene que la jueza instructora «no ve conveniente el archivo de la causa», ya que indica en su providencia que se deben de seguir practicando diligencias de investigación, sin que en este momento se deba de cerrar la causa, «como evidencia clara de que no está descartada en estos momentos la comisión de posibles ilícitos penales en los hechos investigados».

Así lo ha hecho saber la jueza, prosigue la nota de FIDAP, «al rechazar la petición expresa realizada por los concejales del Grupo Popular investigados en la causa, quienes pretenden que no se investigue el fondo del asunto, mostrándose contrarios a la existencia de este proceso judicial, por considerar que todo el procedimiento de creación de estas doce plazas para un servicio inexistente ha sido muy legal y que en ningún caso se ha cometido delito en la colocación como funcionarios de estos doce trabajadores temporales del Ayuntamiento de Puertollano, que no pasaron ninguna oposición pura y dura para acceder a sus puestos de trabajo, en perjuicio de otros posibles interesados en dichas plazas funcionariales».

«En dicho escrito», continúa FIDAP, «vienen a manifestar que no es evidente, patente, flagrante y clamoroso que el matadero se encontrara cerrado en marzo de 2010, ni que fuera injusto o arbitrario colocar a unas determinadas personas con nombres y apellidos como funcionarios del Ayuntamiento, no llegando a entender que ello fuera injusto, no alcanzando a ver su injusticia».

Para FIDAP, dichas manifestaciones «pueden estar muy bien como estrategia de defensa jurídica ante un juzgado, pero desde luego en ningún caso pueden resultar creíbles, ni siquiera para quienes las realizan, dado que era publico y notorio no solo en la localidad de Puertollano, sino también en toda su comarca, que el matadero se había cerrado en el año 2007 y que no había ningún trabajador desempeñando funciones de matarife en dicho servicio público, y que nadie con sentido común puede entender que nombrar a unas concretas personas con nombres y apellidos sin someterse a una oposición libre y pública, esté bien y sea correcto, no resultando injusto, más tratándose de fondos públicos sobre los cuáles nuestros representantes políticos deben de ser escrupulosos y dignos tanto en su utilización como en el destino en el que se emplean».

«FIDAP está deseando conocer y examinar el informe sobre la legalidad de estas doce plazas al que tanto alude y apoya en su defensa el Grupo Popular, y del que ni siquiera el Grupo Socialista asegura su existencia, sin que el Ayuntamiento lo haya aportado al Juzgado ni obre en la causa, negando el secretario haber confeccionado dictamen alguno sobre la legalidad y oportunidad del asunto que nos ocupa», concluye.

El origen del caso fue la demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano por 18 de los 69 exfuncionarios interinos que fueron despedidos en diciembre del 2011 como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste económico financiero, durante el mandato de Joaquín Hermoso Murillo. Por el momento, la denuncia del fiscal va dirigida exclusivamente contra Josefa Amaro, quien fuera concejala de Personal en la época en que se produjeron los hechos investigados.

La iniciativa del colectivo cristalizó en una acusación de la Fiscalía por la consolidación de las controvertidas plazas del matadero municipal, al entender que se crearon, mediante concurso oposición, “vacías de contenido y sin expectativas de tenerlo» tras el cierre definitivo de las instalaciones de sacrificio de animales.

FIDAP pretendía ampliar la instrucción de posibles irregularidades a la totalidad del proceso de consolidación de 200 trabajadores realizado entre los años 2006 y 2010. Esta pretensión fue inicialmente frenada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que no obstante ha ido concediendo, en diversos autos, la posibilidad de abrir piezas separadas por otros hechos relacionados que pudieran revestir caracteres de delito.