La Federación de Empleados y Empleadas de los servicios públicos de UGT (Fesp-UGT) ha denunciado que la empresa Divina Esperanza S.L, que gestiona la residencia de mayores Nuestra Señora de la Merced de la localidad de Herencia, tiene a los trabajadores con contratos en fraude de ley durante meses y vulnera de manera reiterada los derechos de los trabajadores.
En este sentido, y en nota de prensa, UGT ha querido destacar que la situación denunciada cuenta con el conocimiento y consentimiento de dos representantes de los trabajadores, que no pertenecen a ningún sindicato, ya que la ley obliga a que la empresa les entregue copia de todos los contratos.
Además de todo lo anterior, Fernando de Haro, responsable de la secretaria del Área Sociosanitaria en la FeSP-UGT de Ciudad Real, ha hecho hincapié en que además de la multitud de incumplimientos del convenio colectivo por parte de la empresa los trabajadores están sufriendo un recorte salarial y de derechos laborales por un supuesto descuelgue de convenio que mantienen ya durante más de 6 años, “un verdadero abuso teniendo en cuenta el carácter temporal que deben tener este tipo de medidas” ha asegurado.
Con el objetivo de conocer esta situación de primera mano, De Haro visitó hace tiempo el centro de trabajo para hablar con la dirección y fue la propia directora, Victoria Manzano, la que le impidió el acceso al centro, “negando incluso que ella fuera la directora” ha asegurado.
Con posterioridad a todo esto, en Octubre y debido a la forma de actuar de la empresa, el representante sindical de UGT solicitó un acto de conciliación en el Jurado Arbitral de Castilla la Mancha por las ilegalidades en los contratos, “con objeto de obligarles a sentarse a negociar con nosotros y solucionar todos estos problemas de los trabajadores”- ha dicho-. Según ha declarado De Haro, la empresa en este acto de conciliación, que se celebró en dos reuniones, argumentó que todo estaba bien pero aportaron como documentación dos informes escritos a mano, y no oficiales de ninguna institución, que no acreditaban nada en absoluto.
Asimismo desde UGT han denunciado que en octubre se despidiera a la primera de las trabajadoras que formaban parte del equipo de UGT, calificando el despido de procedente por mal comportamiento de la trabajadora y mediante un expediente sancionador contra ella con acusaciones falsas. Como consecuencia de ese despido, han señalado desde el sindicato, se hizo reclamación previa administrativa y actualmente en el mes de Diciembre ellos mismos han reconocido en el acto de conciliación la improcedencia del despido y la falsedad de sus acusaciones y del expediente sancionador, pagando a la trabajadora la indemnización correspondiente.
Con posterioridad tampoco se ha permitido constituir una Sección Sindical de UGT, nombrar a dos delegadas, ni proceder al preaviso de Elecciones de Delegados de personal en el centro de trabajo. Todas estas actuaciones, según ha informado el sindicato, han provocado que se haya denunciado ante la inspección de trabajo a la empresa por un presunto delito de persecución sindical, ya que se vulneran los derechos del representante sindical recogidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Como consecuencia de la denuncia a la inspección de trabajo dos trabajadoras que forman parte del equipo de UGT reciben sendas cartas notificándoles que se ha iniciado un expedientes sancionadores contra ellas y apercibiéndolas de que podrían ser despedidas, lo que finalmente se termina cumpliendo con una de ellas “a la que han despedido sin tramitar el expediente contradictorio de acuerdo a la ley”.
Todos estos hechos, ha asegurado UGT, también han sido denunciados y se está a la espera de que se resuelvan las reclamaciones previas preceptivas en vía administrativa.
