María Mediavilla Carranza y Mario Villamor Nodal.- Entre los días 2 y 14 de diciembre tuvo lugar la última cumbre sobre el clima en el marco de Naciones Unidas en Katowice (Polonia), a la cual asistieron 196 países y que se saldó con la aprobación de un documento para aplicar el Acuerdo de París.
Se puede decir que el primer acuerdo importante en materia de cambio climático es el protocolo de Kioto, aprobado en 1997. Su principal objetivo fue reducir las emisiones de los de efecto invernadero. Tras esta cita, en el año 2015, tuvo lugar el acuerdo de París, que entró en vigor en 2016. Surgió con el objetivo principal de limitar el aumento de temperatura por debajo de dos grados centígrados, tomando como referencia los niveles de la era pre industrial. Se pretendía limitar el aumento en 1,5 grados. El Acuerdo de París daba libertad a cada Estado para tomar las medidas que consideraba pertinentes para conseguir el objetivo.
Recientemente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático advirtió sobre las fatídicas consecuencias a las que se enfrenta el planeta si la temperatura aumenta más de 1,5 grados centígrados. En este sentido, se desencadenarían dramáticos resultados de carácter climático y medioambiental, como una subida del nivel del mar de aproximadamente 10 centímetros o la desaparición de los corales en aguas cálidas; pero también nos enfrentamos a otro tipo de retos como el aumento de la malaria o el dengue[1]. Por ello, el reto actual se centra en limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados centígrados.
El cambio climático provoca también problemas migratorios. Así, resulta imprescindible hablar de los desplazamientos que se están produciendo debido a las devastadoras consecuencias del cambio climático en muchas regiones del mundo. Paradójicamente, son los ciudadanos de muchas de las regiones del sur del planeta los que sienten la necesidad de desplazarse; mientras que los principales contaminantes y contribuidores al cambio climático son áreas situadas más al norte[2].
El Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno calcula que durante el 2017 se produjeron alrededor de 19 millones de desplazamientos nuevos debido a desastres. Es cierto que dentro de los motivos de los migrantes climáticos, encontramos una mezcla de circunstancias de diversas índoles. Por ello, la situación climática y medioambiental se entrelaza con causas económicas, políticas y demográficas[3]. Los testimonios de los migrantes reflejan una dura realidad, pues las situaciones en las que viven no les deja otra opción que desplazarse. Un joven de 20 años, refugiado en Etiopía decía: «Huimos de Somalia a causa de muchos problemas. La guerra, la sequía, allí no podíamos vivir, nos fuimos toda la familia, mis padres y mis nueve hermanos»[4].
Volviendo a la cumbre de Katowice, se ha adoptado un documento que permite la aplicación del Acuerdo de París. Se han implementado medidas de transparencia, mitigación, adaptación y financiación. Sin embargo, hay apartados que no se han podido desarrollar de manera óptima, como el referido a los mercados de carbono. Esto se debe a que este tipo de documentos tienen que ser aprobados por todos los países, lo cual resulta muy complicado debido principalmente a los distintos intereses y opiniones políticas. El asunto de los mercados de carbono se tratará en la próxima cumbre sobre el cambio climático.
La Unión Europea cuenta con distintas herramientas para combatir el cambio climático. Además, revisa y actualiza con frecuencia la legislación relativa. La Unión Europea estima que, gracias a las políticas aplicadas actualmente, en el año 2030 las emisiones serán un 30% menor que en 1990.
La Unión Europea cuenta con el denominado régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE). Se trata del mayor mercado de carbono en el mundo y representa más del 75% del comercio de carbono internacional. Comenzó a estar operativo desde el año 2005 y engloba a 31 países (los 28 Estados miembros junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega). Este régimen busca ayudar a los Estados miembros a alcanzar las limitaciones y reducciones de las emisiones de gases de una forma más económica.
Este mercado se basa en el principio de límites máximos y comercio de derechos (“cap and trade”). En primer lugar, se establece un límite sobre la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones incluidas en el régimen. Este límite se va a reducir cada año. En segundo lugar, dentro de dicho límite, las empresas pueden comercializar los derechos de emisión y pueden comprarlos. También es posible comprar cantidades limitadas de créditos internacionales de proyectos de reducción de emisiones en todo el mundo. Se trata de un número limitado para garantizar que los derechos disponibles tengan un valor.
Todos los años cada empresa debe disponer de suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones. En caso contrario, se impondrán sanciones. Cuando una empresa reduce sus emisiones, tiene dos opciones: conservar sus derechos sobrantes para cubrir necesidades futuras o venderlos a otras empresas que no tengan suficientes.
Hay que tener en cuenta que solo es aplicable a cierto tipo de instalaciones y sectores concretos. No obstante, los datos muestran que este mercado está contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero. Se estima que para el año 2020, las emisiones de sectores cubiertos por este régimen desciendan en un 21% respecto al año 2005[5]. Además, el hecho de ponerle “precio” al carbono también supone que exista una mayor voluntad de investigación en las energías limpias.
Los sectores no incluidos en el RCDE UE están sujetas principalmente a la legislación conocida como de “reparto del esfuerzo” de la UE. Este reconoce que la capacidad de acción de los Estados miembros es variable y establece objetivos nacionales diferenciados que reflejan fundamentalmente el PIB per cápita.
Muchas de las emisiones del sector del transporte se encuentran dentro de este régimen y representan el 36% de las emisiones reguladas por la Decisión de Reparto de Esfuerzo[6]. Se aprecia una subida en las emisiones del transporte desde el año 2014 y , por ello, se han adoptado distintos paquetes de medidas en los últimos años. Entre otros aspectos, se establecen nuevas normas de emisión para los turismos, furgonetas y camiones, medidas respecto a las baterías o infraestructuras para combustibles alternativos.
Como conclusión, la Unión Europea ha adoptado diferentes y numerosas medidas en los últimos años para luchar contra el cambio climático y estas solo son algunas de ellas. Dentro del MFP, los datos de la UE nos muestran que las acciones relacionadas con el clima representó el 20,1% del presupuesto de 2017, es decir más de 206 000 millones de euros.
[1] Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/12/15/actualidad/1544875463_637919.html
[2] Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6824_en.htm
[3] Fuente: https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Desplazamientos-y-migraciones-climaticas-un-reto-que-debemos-afrontar.pdf
[4] Fuente: https://www.entreculturas.org/sites/default/files/latierraesnuestramejorescuela.pdf
[5] Fuente: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-716-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
[6] Fuente: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es
