La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), exige al Gobierno que garantice la aplicación de la subida salarial en enero de 2019, haya o no acuerdo presupuestario entre las diferencias fuerzas políticas, y que se agilice la negociación de mejoras laborales pendientes para los empleados públicos y anuncia un proceso de movilizaciones, que arrancará el próximo lunes, para que el Gobierno desbloquee el convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que afecta a más de 40.000 personas, y que después de tres años de negociación, se encuentra empantanado por falta de una propuesta económica.
CSIF informa de que más de 25.000 trabajadores de esta administración cobran apenas 900 euros (ordenanzas, peones, personal de mantenimiento y limpieza, entre otros) y reclamamos un salario mínimo de 1.200 euros. Además, queda pendiente una clasificación profesional acorde a las nuevas titulaciones de la Unión Europea.
En líneas generales, CSIF reclama al Gobierno que vuelva a situar a los empleados públicos en primera línea y mantenga la senda de devolución de las condiciones laborales iniciada tras la crisis económica y pide que se aplique por decreto una subida del 2,25 por ciento, ante el inminente cierre de ejercicio presupuestario y la ausencia de cuentas para el próximo año, ya que CSIF sospecha de que el Gobierno podría utilizar a los empleados públicos como última baza para recabar apoyo a los presupuestos.
CSIF demanda que si se produjera una prórroga presupuestaria o un retraso en la aprobación de los Presupuestos, los empleados públicos reciban sus retribuciones actualizadas, evitando así las demoras producidas a lo largo de los últimos años y que se ponga encima de la mesa cuestiones como la recuperación de la estructura salarial previa al recorte de Zapatero (5 por ciento).
52.258 empleos pedidos
Además, CSI reclama que se repartan los fondos adicionales (0,20 por ciento adicional a la masa salarial en 2018 y 0,25 en 2019) para avanzar hacia la equiparación salarial, que se concrete la oferta de empleo público (aún no ha salido la convocatoria de 2018 pese a estar aprobada y es preciso definir la de 2019) y que se agilicen los procesos de estabilización de plazas interinas, especialmente en ámbitos como la sanidad. Este sector ha perdido 52.258 puestos de trabajo desde el pasado verano, fundamentalmente personal interino.
El ministerio de Función Pública también tiene pendiente abordar con los sindicatos cuestiones como la negociación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, como ha ocurrido en otras comunidades autónoma o la creación de un grupo de trabajo sobre la insularidad y están paralizadas las comisiones de negociación para el seguimiento de los acuerdos alcanzados en la anterior legislatura sobre formación, administración digital, mutualismo administrativo, absentismo o el desarrollo de la jubilación parcial para determinados colectivos. CSIF también le ha exigido que aborde de manera urgente la situación del personal de la Administración en el Exterior y la del personal de Prisiones.
