Ecologistas en Acción-Ciudad Real ha mostrado su «preocupación» ante lo que considera «denegación» del acceso al expediente administrativo de la mina de wolframio «El Moto” de Abenójar por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha tras solicitar que se les facilite esta comunicación en reiteradas ocasiones.
En nota de prensa, la organización ha apuntado que David Llorente, diputado por Guadalajara y portavoz de Podemos, va a presenta nuevamente un escrito en Las Cortes de Castilla-La Mancha solicitando, una vez más, la información que «se deniega» a Ecologistas en Acción.
Según Ecologistas en Acción «la situación es muy grave dado que la falta de estudios hídrico integral y de restauración del proyecto hace que se ponga en riesgo la seguridad de la población de Abenójar al filtrarse al agua de los acuíferos y arroyos metales pesados de altísima toxicidad como arsénico o mercurio».
«Miembros de Ecologistas en Acción, amparándose en el derecho administrativo, llevan largo tiempo solicitando el reconocimiento a ser informados de cuantas incidencias se generen en el expediente de la mina de wolframio e insisten en que se les facilite una copia íntegra del expediente acogiéndose a la Constitución española, la ley del procedimiento administrativo común y el Derecho de la Unión Europea, normas que establecen claramente que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos», señala Ecologistas.
Ecologistas en Acción-Ciudad Real recuerda que presentó alegaciones a la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental concedida en 2014, alegando «graves irregularidades» en el expediente de la mina a cielo abierto de El Moto. «Los promotores no realizaron el estudio hídrico integral que exige la autorización ambiental para cuantificar las filtraciones de agua en las galerías de la mina y planificar el sistema balsas de almacenamiento de los fluidos tóxicos. De la misma manera, tampoco se ha presentado el estudio de restauración integral y de protección futura ante los contaminantes que la mina generará», asevera.
Para Ecologistas en Acción, esta mina, así como las de Fontanarejo y Arroba de los Montes, son un claro ejemplo de «oleada de minería especulativa, ideada para inflar las acciones de las empresas mineras y promover la compra-venta de derechos mineros». «Las dimensiones de esta dinámica», prosigue, «se han multiplicado con el gobierno regional y afirman que el PSOE ha puesto toda la maquinaria administrativa autonómica al servicio de este ‘boom’ de la minería especulativa”.
En su comunicado, ecologistas en Acción denuncia que la promotora de la mina de Abenójar, Mining Hill’s S.L. comparte domicilio con otras empresas mineras ‘junior’ dirigidas por Diego Fidalgo Zarabozo, propietario a su vez de Alcudia Mining S.L., que promueve la mina de Fontanarejo junto a Pedro Aránguez, catedrático de la Escuela de Minas de Almadén y antiguo ejecutivo del gobierno del PSOE en tiempos de José Bono.
Señalan también los ecologistas que varios de los consejeros de Mining Hill’s están vinculados en un “complejo entramado” que confluye en Valoriza Minería, S.A. (filial del grupo Sacyr) a través de Promotora de Minas de Carbón S.A., Inversiones Rio S.L. o European Tungsten Company S.L., entre otras. Los ecologistas advierten de que la figura clave de la minería especulativa en Ciudad Real es precisamente Pedro Aránguez, por sus «estrechos vínculos y capacidad de influencia» en la administración autonómica y sobre todo en la ejecutiva provincial del PSOE de Ciudad Real, al que acusan de promover diversos planes mineros «beneficiando» al lobby minero para el que trabaja, «todo ello con el apoyo financiero de la Diputación Provincial de Ciudad Real», concluye.
La mina de wolframio de Abenójar recibió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en el año 2014 y la concesión de explotación en 2015, cumpliendo la estricta legislación sobre minería en España.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha acordó no suspender el acta previa de ocupación de los terrenos de la futura mina de wolframio que firmaron en septiembre de 2018 el Ayuntamiento de la localidad, los dueños de los terrenos a expropiar, los promotores de la mina y el Gobierno regional.
Que se ‘oculta’, ¿qué?…..