El pleno de la corporación de Puertollano se ha pronunciado este jueves favorablemente, y por unanimidad, sobre la personación municipal en el procedimiento abierto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real a instancias de la empresa Servicios Infantiles Dulcinea SA, concesionaria de la escuela infantil situada tras el hospital de la ciudad minera.
La empresa reclama al Ayuntamiento unos 600.000 euros en concepto de indemnización por la inversión y equipamiento que supuestamente revertirían al municipio tras la petición de renuncia unilateral de la explotación a 31 de agosto de 2018, una solicitud que ha sido desestimada por el consistorio mediante silencio administrativo.
Precisamente el silencio de la administración y la carencia de informes jurídicos de Patrimonio y Contratación sobre el planteamiento jurídico de la demanda han sido reprochados por la oposición en bloque al equipo de gobierno. Así, los grupos han mostrado su inquietud por la circunstancia desfavorable del silencio administrativo e incluso han expresado dudas sobre la existencia de parte de la documentación.
En este sentido el concejal de Izquierda Unida Alejandro Becerra ha instado al equipo de Gobierno a presentar el expediente al estamento judicial y contestar a la propia demanda de rescisión de la empresa para «no dar pie» a una «callada» definitiva que podría resultar desfavorable en el contencioso.
Becerra afirmó que a esta empresa se la trató de forma favorable, ya que el Ayuntamiento hizo un esfuerzo para ceder una parcela para una actividad que no es propia municipal, como es la educación, y reprochó a Servicios Infantiles Dulcinea SL que ahora “pague así” y no haya presentado un inventario de lo que ha ganado y solo de lo que ha perdido.
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Peña, ha asegurado que ya se han pedido a Intervención y Contratación los informes para enviar al juzgado toda la documentación administrativa, que ha asegurado que «existe».
Servicios Infantiles Dulcinea estima en unos 800.000 euros su inversión inicial y en unos 600.000 euros la indemnización que el Ayuntamiento debería satisfacer, al entender que tanto las instalaciones como el equipamiento revertirían de nuevo a la titularidad municipal. El motivo aducido por la empresa para abandonar el proyecto es que la concesión administrativa no ha cumplido con las expectativas de rentabilidad iniciales. La empresa fue beneficiada desde 2007 con una cesión de suelo público por 50 años y un canon de 600 euros.
En la mañana de este jueves la letrada municipal se había reunido con los portavoces de los grupos políticos para que se fijara una posición común a la hora de tomar decisión de personarse o no y entrar en el fondo de la cuestión.
La alcaldesa, Mayte Fernández recordó a los ediles de IU que la concesión fue una aprobación de 23 concejales. “Estoy de acuerdo de que debería haberse contestado, no soy partidaria del silencio y el día que recibimos la notificación de la demanda desconocíamos el escrito de la empresa”, ha dicho.
La portavoz del grupo municipal Popular, Antonia Berlanga, reiteró que no queda más remedio que personarse en este procedimiento, aunque considera que «quizás el silencio negativo no fuera suficiente como argumentario ante un juez».
Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Alejandro Llanos, deseó suerte a la letrada municipal para detener una demanda que calificó como «abusiva». El concejal no adscrito, Joaquín García Cuevas, afirmó «no entender la razón por la que el departamento municipal correspondiente actuó en silencio administrativo y no dio contestación a una reclamación de esta entidad y que puede generar perjuicios importantes».
Un acuerdo pertinente y adecuado….