Castilla-La Mancha contará con una ley en materia de Consumo pionera a nivel nacional que recogerá aspectos tan actuales como la pobreza energética y la vulnerabilidad, la obsolescencia programada o el empoderamiento financiero y digital.
Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, al informar del visto bueno por parte del Consejo de Gobierno al proyecto de Ley del Estatuto de Personas Consumidoras de la región, que se elevará próximamente a las Cortes regionales para su tramitación.
La nueva norma sustituye a la Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor, y actualiza la legislación para adaptarla a los cambios y retos de la sociedad actual e incorporando, ha destacado Hernando, “contenidos innovadores en materia económica, social y ambiental no incluidos hasta ahora en ninguna normativa autonómica”.
Así, la normativa contempla la promoción de medidas para asegurar el empoderamiento financiero y digital de las personas consumidoras o para combatir la obsolescencia programada, previniendo y erradicando prácticas de producción que tengan por objeto la reducción intencionada de la vida útil de los productos.
Otro aspecto novedoso, ha reseñado el portavoz del Gobierno, es la promoción de la utilización de la ‘huella ecológica’ de los productos, “como herramienta para conocer la trazabilidad de los mismos, y el impulso a nuevos modelos económicos emergentes como los que tienen que ver con la economía colaborativa”.
Pobreza Energética y vulnerabilidad económica
Nacho Hernando ha señalado, sin embargo, que “el artículo más innovador de la norma, y que nos sitúa como la comunidad autónoma más avanzada en esta materia, es el artículo 86, que aborda la problemática de la pobreza energética y la vulnerabilidad económica”.
Este artículo establece que las empresas prestadoras de servicios deberán informar, en cualquier aviso o comunicación referente a la falta de pago de este servicio, de los derechos que afectan a la pobreza energética que tienen las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad económica. Estas personas podrán presentar además un informe de los servicios sociales básicos en el que se acredite su situación de vulnerabilidad; un informe que las Administraciones públicas deberán emitir en un plazo máximo de 15 días a partir de su solicitud.
Hernando ha subrayado también que este estatuto incluye, por primera vez, un capítulo dedicado a las responsabilidades de las personas consumidoras, en el que, por ejemplo, se insta a hacer un uso adecuado de las instalaciones y equipamientos en el uso y disfrute de los bienes y servicios, a evitar el desperdicio alimentario mediante el consumo responsable o a no obstaculizar los procesos de economía circular y de ecodiseño o innovación compartida.
Por último, la ley establece un régimen sancionador con tres tipos de sanciones que van desde las leves a las muy graves. Así, entre las graves, multadas con hasta 100.000 euros, se encuentra por ejemplo, la introducción de cláusulas abusivas o las limitaciones o exigencias injustificadas cuando la persona consumidora quiere poner a un contrato de prestación de servicio o suministro de productos.
Asimismo, las infracciones muy graves pueden ascender a multas de un millón de euros y entre ellas, ha citado el portavoz, están el corte de suministro de servicios básicos continuados sin que la empresa prestadora tenga constancia de que el consumidor o consumidora ha recibido una notificación concediendo plazo suficiente para alegar o sin que haya tenido las autorizaciones administrativas o judiciales pertinentes, así como la imposición de diferentes precios sobre un producto cuya única diferenciación esté en el hecho de que la persona destinataria sea hombre o mujer.
Hernando ha valorado además que en la elaboración de este proyecto de Ley se ha contado con las alegaciones y sugerencias de las organizaciones y entidades más representativas de nuestra comunidad autónoma afectadas por esta nueva normativa.
Cambio “sustancial” en la defensa de los intereses hídricos de la región
En la rueda de prensa en la que el portavoz ha informado de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Hernando también se ha referido, a preguntas de los medios, a la reunión que ayer mantuvieron la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
Así, Hernando ha recordado que en esta legislatura “hemos avanzado más en materia de agua que en los últimos 35 años de vida de esta comunidad autónoma” y que, ahora, “gracias a la postura de este Gobierno y a la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, y de hacer esa defensa ante otras instituciones, ha habido un cambio sustancial porque nunca antes se había escuchado al Gobierno de Castilla-La Mancha, y se le había hecho caso, de esta manera”.
Hernando ha señalado que “el grado de nerviosismo de López Miras y de decibelios e insultos que volvemos a recibir, vuelve a demostrar que la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha ya no es solo de que tenemos razón, sino de que nuestra coherencia está basada en datos científicos y está basada en el sentido común”.
El portavoz ha abogado por encontrar soluciones técnicas a un problema estructural del conjunto del país y ha apelado al “trabajo serio y riguroso” que se está haciendo desde Castilla-La Mancha “sin aspavientos, sin declaraciones incendiarias ni referencias a guerra de guerrillas ni maquis”. “Nunca antes un ministro o ministra del Gobierno de España le había dicho a un presidente autonómico de Murcia que su plan era cerrar el trasvase”, ha concluido.
