El socio de los dos acusados de administración desleal de la empresa Andamarc, que fue la encargada de construir y explotar la residencia de mayores del mismo nombre ubicada frente al Hospital Universitario de Ciudad Real, y de la que eran administradores solidarios y accionistas minoritarios, ha indicado este miércoles que ambos le dejaron «en la ruina, con una deuda de más de seis millones de euros», según recoge Europa Press.
«No hay tiempo para explicar el sufrimiento por el que he pasado los últimos cinco años», ha indicado el también demandante durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que ha añadido que «tenía un patrimonio» ahora está hipotecado. «Pensaba que tenía una seguridad. He estado en la ruina», ha declarado a preguntas del fiscal.
A.M. ha relatado que tenía plena confianza en los dos acusados, que se presentaron como dos empresarios de éxito y con grandes contactos sociales y políticos. «Confiaba en ellos porque siempre he hecho negocios con gente honrada y me sentía orgulloso de haber conseguido socios de ese nivel. Pero creo que es evidente que la intención era la de estafarme», ha añadido.
Ha asegurado que no se enteró de los sobrecostes que cobraron los dos acusados en diferentes partidas de la construcción de la residencia y de las viviendas tuteladas a través de las empresas que poseían, hasta que no solicitó una Junta el 15 de julio de 2015, ante las advertencias recibidas por correo electrónico que aseguraban que las «cuentas eran desastrosas». «En el año 2012 no paraban de pedirme dinero y empiezo a sospechar de su capacidad económica no era la que aparentaban y no es hasta 2013 cuando recibo los primeros datos concretos».
El socio demandante ha explicado que en los documentos aportados sobre el estado financiero de la sociedad en la reunión de julio antes citada, había un pago de 1,7 millones de euros a una empresa que averiguó que era de los dos acusados. «Era la única que había cobrado», ha añadido. Una Junta que derivó en que hiciera los movimientos oportunos, para finalmente echarlos de la sociedad. «Después de manejar 12 millones de euros dejaron 46 euros en la cuenta y un préstamo con el banco que pagar». Además de nominas pendientes y pagarés por 200.000 euros que se llevaron los dos acusados.
Sobre la dedicación de cada socio, el demandante ha declarado que él se encargaba de poner capital, «cantidades muy importantes», y de negociar con los bancos diferentes préstamos. Ellos se encargaban de la burocracia, andaban por el Ayuntamiento «como Pedro por su casa», ha asegurado.
También ha asegurado que en un correo electrónico manifestó que encontraba excesivo el sueldo que se puso uno de los acusados como administrador de la residencia, y más en la situación que estaba la empresa y les insinuó que hicieran recortes. «Se llevaron en dos años el beneficio que iba a generar el negocio en 10 años».
Cree que los dos acusados solo velaron por los intereses de sus otras empresas y no por Andamarc, que al parecer por los hechos «no consideraban suya» y ha puesto como ejemplo que él lleva cinco años gestionando esta empresa y no ha cobrado un duro. «Ellos empezaron a vivir de la residencia sin tener actividad».
En la jornada de este miércoles también han declarado otros seis testigos de la acusación particular que han explicado diferentes aspectos de estos sobrecostes cobrados supuestamente por las empresas de los dos acusados y las relaciones con estos durante el proceso de desarrollo del proyecto de la residencia y de las viviendas tuteladas. Un juicio que continuará el 21 de noviembre con las pruebas periciales.
LOS HECHOS
La Fiscalía, según el escrito de acusación, considera que D.RG., y H.M.R.R. son responsables de un delito de administración desleal por lo que además de solicitar que indemnicen al Grupo Andamarc con 2 millones de euros, piden 3 años de prisión para cada uno de ellos.
Los hechos arrancaron en 2010 cuando se constituyó el Grupo Andamarc para construir en una primera fase una residencia de mayores y en una segunda un centro de día para personas con discapacidad, y se nombró administradores a los acusados –que tenían una empresa en común, además de otra cada uno de ellos–, con la condición de no cobrar nada por ese cargo.
Cuando se constituyó la sociedad, los acusados poseían el 22,71% de las acciones cada uno de ellos, pero fueron destituidos en octubre de 2013 y ocupó el cargo otro de los administradores, hoy querellante junto a quien poseía el 51,51% de las acciones del grupo.
