El Gobierno de Castilla-La Mancha procederá al pago del anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) “a partir del primer día hábil para hacerlo”, tal y como sucedió el año pasado.
Así lo ha expresado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien hoy ha asistido a la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha destacado que se trata del 50 por ciento de las ayudas que corresponden al pago verde, básico, régimen de pequeños agricultores así como las ayudas especiales para jóvenes agricultores.
En total, serán 230 millones de euros de los cuales se beneficiarán en torno a 90.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.
A su salida del encuentro mantenido hoy en la sede del MAPA, Martínez Arroyo ha trasladado a los medios de comunicación la necesidad de “avanzar” en la definición de la posición de España y la estrategia a nivel nacional de cara a las negociaciones en Bruselas para el nuevo periodo 2021-2027 de la PAC, ante la reunión de la semana próxima de los ministros de Agricultura.
De esta forma, ha indicado, se lo ha trasladado personalmente hoy al propio ministro Luis Planas, recordando que desde Castilla-La Mancha “siempre hemos defendido que para poder argumentar la defensa de un presupuesto suficiente es necesario definir la estrategia y a qué destinar los recursos”.
Al respecto, ha recordado que desde Castilla-La Mancha existe un documento de posición consensuado, que aboga por una PAC que ayude “a agricultores y ganaderos profesionales, a la agricultura y ganadería de tipo familiar, a las pequeñas y medianas empresas” y donde se contemple un techo por explotaciones, o la ayuda redistributiva.
Martínez Arroyo pide que el PDR se siga gestionando por las comunidades autónomas
“Necesitamos un presupuesto fuerte, al menos igual al que tenemos en este periodo de programación” ha insistido el consejero de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, quien ha apostado, también, para que el Programa de Desarrollo Rural, el segundo pilar de la PAC, “se gestione de manera exclusiva por las Comunidades Autónomas, que tienen que ser la autoridad de gestión”.
En este sentido, ha explicado que en Castilla-La Mancha “queremos seguir tomando las decisiones sobre el futuro de la agricultura y la ganadería, orientando nuestra política agraria y de desarrollo rural a través del programa de desarrollo rural que tenemos ahora y que queremos tener en el futuro”.
Preguntado sobre cómo afrontar las negociaciones en Bruselas, Martínez Arroyo ha insistido en que es el Ministerio el que “debe coordinar una posición común del país”, y “aunque sea difícil”, ha continuado, “en otras ocasiones se han alcanzado acuerdos”.
Y para ello, “desde Castilla-La Mancha vamos a estar siempre con la mano tendida, pero dejando claro que nuestro modelo es el de los agricultores y ganaderos profesionales y los pequeños empresarios que hacen que el medio rural esté vivo y la PAC nos tienen que ayudar a hacer viables las explotaciones y las industrias que ayudan a transformar ese producto en los pueblos”.
Continuando con esta posición, ha declarado que la Política Agraria Común “debe contribuir a ello” y desde la Comunidad Autónoma “queremos que haya 17 propuestas y que en el Ministerio alcancemos una posición común, al menos de mínimos, para poder negociar bien en Bruselas”.
Sobre los tiempos, ha resaltado que en el caso del calendario europeo, la decisión es probable que “se vaya más allá de las elecciones europeas”, y aunque la decisión en Bruselas “se posponga no debe hacerlo la posición de España” y para negociarla, “debemos tener una posición cuanto antes”, porque, ha continuado, “llevamos mucho tiempo trabajando para ello”.
