La PI (Plataforma de Interinos que abarca a todo el personal temporal de las diferentes administraciones a nivel nacional) en la reunión mantenida en el Congreso de los Diputados con representantes de Función Pública del Grupo Parlamentario Socialista, ha exigido que España cumpla con la normativa europea en materia de contratación temporal, no sólo en el sector privado, en el que ha iniciado una campaña contra el abuso de la contratación temporal en las empresas a través de la ITSS y cuyas infracciones darán lugar a las correspondientes actas de sanción, sino también en el sector público.
Con la firma del Acuerdazo, señala el colectivo en una nota, la propia Administración “garante de la legalidad y encargada de sancionar a cualquier empresa u organismo privado que cometa fraude en las contrataciones” pretende eludir su responsabilidad en el sector público. Para ello, la PI ha dejado claro que es imprescindible que se paralice la aplicación del Acuerdazo, únicamente respecto a las plazas ocupadas por personal temporal de larga duración (24 meses dentro de un periodo de 30 o más de 3 años), en tanto no se regularice la situación de este personal contratado en fraude de ley.
Obviamente, recalca, las consecuencias de la contratación «fraudulenta» de la Administración «no pueden recaer sobre el trabajador en precario, sino sobre la Administración infractora». En este sentido, recuerda que el Parlamento europeo en respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada ha declarado que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la conversión de un contrato de duración determinada en un contrato de duración indefinida constituye una medida que está en consonancia con los requisitos derivados del Derecho de la Unión, en la medida en que previene el uso abusivo de los contratos de duración determinada y da lugar a la eliminación definitiva de las consecuencias de un uso inadecuado”. Se debe aplicar tanto en el sector público como en el privado, debe ser clara y ser incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros en sus respectivos marcos normativos. Además, la PI ha recordado al Grupo Socialista que el Estado español es conocedor también de las cuestiones prejudiciales presentadas en el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid y que plantean “si convocar a OPEs convencionales los puestos de empleados públicos en abuso de temporalidad pueda ser una solución del fraude de ley por abuso de temporalidad conforme a la Directiva 1999/70/CE que exige que la sanción frente al abuso de la temporalidad tiene que ser una compensación efectiva, proporcional y disuasoria”.
Un asunto candente….