El concejal no adscrito, Pedro Fernández, defenderá en el próximo Pleno una moción en la que insta al equipo de Gobierno a dé su apoyo a la Plataforma Hablamos Español, publicando íntegramente su manifiesto en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real, “para el conocimiento de todos nuestros vecinos”.
El manifiesto es el siguiente:
Cada vez son más las Comunidades autónomas donde no se puede estudiar en español, y nuestra lengua desaparece de los edificios autonómicos y locales, de la Sanidad, de las campañas institucionales, de los documentos, impresos, boletines, y también de la cultura. Hasta el momento eran Cataluña, Galicia, Islas Baleares y País Vasco las comunidades perjudicadas, ahora se suma también la Comunidad Valenciana a la lista de lugares de España donde la imposición lingüística se acelera.
Proponemos que se apruebe una Ley de Libertad de Elección Lingüística de ámbito nacional, y por eso la hemos elaborado y la llevaremos al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular.
Los promotores de Hablamos Español tenemos experiencia en la lucha a favor de unas normas en el ámbito autonómico y local respetuosas con los derechos de los hispanohablantes, intentando que se equiparen a los derechos que tienen en ellas los hablantes de las otras lenguas oficiales.
Pero no importa el color del gobierno, todos los partidos que alcanzan el poder dicen que para promocionar la lengua cooficial hay que eliminar el español de la visibilidad, de la cultura, y en mayor o menor medida, también de la educación. En Cataluña ya no se puede estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua. En Baleares, Galicia, o Comunidad Valenciana, se aprueban normas que la eliminan de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como “trilingüismo” o “plurilingüismo”. Quienes llevamos tiempo trabajando en esto sabemos que detrás de la promoción y conservación de estas lenguas hay intereses políticos y también económicos.
Una vía para alcanzarlo es unirnos para reclamar una ley que garantice nuestros derechos. Estamos ante un momento clave, ahora que todo indica que la LOMCE va a ser derogada, ahora que se anuncia un gran pacto educativo. Queremos tener, necesitamos tener, una legislación específica que regule el derecho a la elección de lengua en la Educación y también en los otros ámbitos donde se está excluyendo el español.
Si no vives en una comunidad autónoma con dos lenguas oficiales, debes saber que el problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad lingüística nos afecta a nosotros, a los que vivimos en ellas, que tenemos el mismo idioma que tú, que tenemos hijos acunados en el mismo idioma que los tuyos, pero también a todas las personas que viven en España. Si vienes a cualquiera de las comunidades autónomas con cooficialidad, por vacaciones, o por cualquier otro motivo, es muy probable que no veas tu idioma en un hospital, ni en un ayuntamiento, ni en una señal de tráfico, en muchos casos ni siquiera en la información turística.
No se trata solo de una mayor o menor dificultad para comprender el otro idioma, hablamos de principios, de respeto, de permitir que nuestro idioma comparta espacio en el ámbito oficial con la otra lengua, porque detrás de la falta de respeto que supone su eliminación, que en ningún país con bilingüismo en su territorio se consentiría, hay una intencionalidad que abre la puerta a otras restricciones. Las personas que se trasladan a vivir aquí desde otros lugares de España por motivos personales o de trabajo, algunos ellos obligados a un traslado forzoso por su profesión, no pueden escolarizar a sus hijos en español. A veces les permiten no tener que examinarse de la asignatura de lengua autonómica los dos primeros años, pero habrán de estudiar en esa lengua muchas asignaturas o incluso todas.
Para lograr nuestro objetivo proponemos que se apruebe una ley que garantice nuestros derechos. Tenemos que entregar 500.000 firmas acreditadas, ante el Parlamento. Una vez hayamos presentado el texto de la ley, tendremos 9 meses para reunirlas.
Una vez logrado el objetivo, presentaremos el texto de la ley ante el Parlamento, y comenzaremos a recorrer España para reunir las 500.000 firmas acreditadas que estipula la ley de Iniciativa Legislativa Popular (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7249)
Este asunto requiere mucha pedagogía……