El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado, en esta última campaña de la Política Agraria Común a punto de finalizar, ayudas directas por importe de 646,8 millones de euros a 120.000 beneficiarios, de los que 598 millones pertenecen al pago básico y verde, y 57 millones en concepto de ayudas acopladas vinculadas a la producción dirigidas a los ganaderos en extensivo “que hacen posible el medio rural de Castilla-La Mancha”.
Así lo ha indicado esta mañana el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha quien ha explicado que el último pago de las ayudas de la PAC llegará este próximo 1 de octubre a las cuentas de los ganaderos.
Se trata de los últimos pagos de derechos especiales de ovino y caprino a 300 ganaderos por una cuantía de 500.000 euros, y además, se abonarán cerca de un millón de euros para 2.800 ganaderos de ovino, unas “ayudas muy importantes” y con las que se finalizará el último pago de este año de la campaña.
Francisco Martínez Arroyo, ha dado cuenta de los acuerdos de su departamento alcanzados en el Consejo de Gobierno, entre los que se encuentra la firma del convenio interadministrativo entre el Gobierno regional y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para la teledetección en las campañas 2018-2020 de la PAC, con lo que se cumple con la Comisión Europea para que lleguen a la región los 700 millones de ayudas comunitarias.
Así, ha recordado que en la región existen este año 120.000 perceptores de la PAC, de los que cerca de 6.000 agricultores cuentan con el control de campo por teledetección en cada ejercicio. Estos controles, ha dicho, son “obligatorios” para poder pagar la PAC, y es el cinco por ciento de todos los expedientes los agricultores y ganaderos deben realizar este control y se hace, “en la medida de lo posible”, a través de este sistema, para lo que el Gobierno destinará 1,7 millones de euros para las tres campañas, con un coste de 573.000 euros por año.
Compromiso para la supresión de los depósitos no autorizados de neumáticos
Además, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha destacado que se ha aprobado un gasto de más de 814.800 euros para la retirada, a través de un contrato con TRAGSA, de 2.798 toneladas de neumáticos en el depósito no autorizado del término municipal Argamasilla de Alba (Ciudad Real), “el mayor existente en la región”.
En esta línea, ha resaltado que “en dos semanas se va a autorizar la retirada de neumáticos de los depósitos no autorizados de Argamasilla de Alba, con 2.798 toneladas, Yunclillos con 1.493 toneladas, y Cervera con 472 toneladas de neumáticos” y se encuentra dentro del plan puesto en marcha por el Gobierno regional para la supresión de este tipo de instalaciones “ilegales” en la región.
De esta manera, ha subrayado, “cumplimos el compromiso del presidente de Emiliano García-Page de principio de legislatura de tal forma que al finalizar la legislatura no quedaría ni un solo depósito de neumáticos ilegales en esta región”.
En todos estos casos, al verse agotada la vía sancionadora y no haberse hecho efectiva la retirada por los propietarios, ha sido la propia Administración regional quien llevará a cabo la retirada por la vía de ejecución subsidiaria, repercutiendo el coste final al propietario.
Ley de Economía Circular, a exposición pública a partir de octubre
Francisco Martínez Arroyo ha recordado que hoy se ha analizado también el estado de tramitación de la Ley de Economía Circular. Será una ley “innovadora”, ha dicho, “reflejo de la importancia que el Gobierno le da a esta materia”, una normativa en la cual se destacado el compromiso del Ejecutivo con el medio ambiente y en la cual se contendrán una serie de artículos dedicados a fiscalidad ambiental.
Aquí se encuentran incluidas las fianzas para las empresas que gestionen residuos para que en caso de problemas medioambientales sean las empresas, y no los ciudadanos, las que hagan frente a los costes de la reparación del medio ambiente, así como una tasa específica para residuos que vayan a vertederos, “de forma que se aplique en la práctica el principio de quien contamina paga”, encaminándose a los compromisos regionales y nacionales adquiridos para los años 2020-2030.
Esta Ley, que “será pionera”, estará en exposición pública a partir del mes de octubre y “el objetivo es que se apruebe antes que finalice la legislatura”, ha finalizado.
