El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha presentado esta mañana el segundo borrador de la futura Ley de Garantía de Ingresos y de Garantías Ciudadanas junto a la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz. Un avance importante, ha señalado, porque “entramos en la última fase de elaboración del proyecto de ley y de su tramitación y, esperemos, aprobación en el mínimo tiempo posible”.
El segundo borrador, ha indicado la consejera, presenta ya una norma sólida hacia un sistema de protección estable que integra y consolida derechos avanzados en consonancia con las directrices europeas, equiparable a otras comunidades autónomas que cuentan con leyes similares y con el aval y apoyo del conjunto de organizaciones sociales, sindicatos mayoritarios, profesionales y asociaciones de vecinos.
“Nos sentimos especialmente orgullosos”, ha dicho Inmaculada Herranz, “de la altísima participación a lo largo del proceso de audiencia pública. Como resultado del mismo, ha resumido, se han recibido un total de 60 aportaciones a la norma: cuatro para mejorar el preámbulo, ocho relacionadas con cuestiones generales del anteproyecto, 45 al articulado y tres sobre las disposiciones finales y transitorias”.
No ser más que nadie pero tampoco menos que nadie
El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha dejado claro que “todo gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la gente, asegurar condiciones de vida digna y promover la igualdad de condiciones”. Por eso, José García Molina ha insistido en que “en Castilla-La Mancha no queremos pagar más impuestos de lo que pagan en otros sitios y tampoco queremos tener peores servicios, queremos equipararnos a lo que ya existe en otras comunidades autónomas de este país; con leyes que protegen a la ciudadanía y especialmente a las familias con menores que aun queriendo trabajar, por las causas que sean, no pueden hacerlo”.
El segundo borrador propone, por tanto, un Sistema de Garantías Ciudadanas anclado a dos Derechos: el derecho a la Garantía de Ingresos y el derecho a las Garantías Ciudadanas.
Implantación progresiva y mínimo impacto económico
La implementación de la Ley se realizará de forma progresiva, dando cobertura en primer lugar a hogares con menores a su cargo, siendo el número potencial de titulares y beneficiarios de la garantía de ingresos para el año 2019 de aproximadamente 24.000 titulares y 94.000 beneficiarios.
Además, la implementación de la Ley no supone una asignación presupuestaria completamente nueva. En buena medida, ha explicado la consejera, “la integración, racionalización de recursos y políticas de protección social que se venían haciendo hasta el momento, van a dar lugar a que la mayor parte del presupuesto asignado a esta norma ya se recogían en las partidas del Plan de Garantías Ciudadanas y del presupuesto del 2018”. Así, el impacto presupuestario de la nueva inversión para la garantía de ingresos en 2019 oscilaría entre el 0,10 y el 0,20 por ciento del presupuesto total de Castilla-La Mancha.
Una cuantía perfectamente asumible, ha afirmado Inmaculada Herranz, porque “esta ley vale mucho más de lo que cuesta, sobre todo para proteger los derechos de la población de Castilla-La Mancha”.
