Comunicado de Ecologistas en Acción Ciudad Real.- Ecologistas en Acción-Ciudad Real denuncia que la Junta de Castilla-La Mancha está facilitando que empresas mineras especulativas se apropien del territorio español en contra los derechos de seguridad, salud y medio ambiente de la ciudadanía.
Como parte del fenómeno de la fiebre minera especulativa que está arrasando el Estado español, la Junta de Castilla-La Mancha expropiará de urgencia el 12 de septiembre más de medio millón de metros cuadrados para una supuesta mina de wolframio y oro que está promovida por un exdirector general de Industria y Minas de Castilla-La Mancha durante el gobierno de José Bono, Pedro Aránguez Ruiz.
El catedrático de minas trabaja para una filial de Sacyr, Mining Hill. Sacyr estuvo implicada en graves acusaciones de soborno por parte de la minera canadiense Edgewater, en relación al fallido proyecto de oro de Corcoesto en Galicia.
Desde Ecologistas en Acción-Ciudad Real advertimos que todas las comarcas mineras finalizan con desempleo y contaminación; que el desarrollo de la comarca siempre resulta ser mucho menor de lo que anuncian los gobiernos y los promotores porque cuentan puestos a tiempo partido como si fueran a tiempo completo y por la baja remuneración de los mismos. Tras quince años de explotación, el paro aumentará y solo quedará la balsa de lixiviados tóxicos y las galerías de la mina contaminadas enturbiando el sueño de la población. Este tipo de proyectos no compensan el riesgo para la salud de la población y del medio ambiente.
Ecologistas en Acción-Ciudad Real presentó alegaciones a la prórroga de la autorización ambiental concedida en 2014, alegando graves irregularidades del expediente de la mina a cielo abierto de El Moto. No se ha presentado aún el estudio hídrico integral que exige la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para determinar las filtraciones y expulsión de agua de las galerías de la mina y planificar correctamente el sistema balsas y tratamiento de los fluidos tóxicos, lo que afecta también al estudio de restauración integral y la protección futura ante los contaminantes que la mina generará. Estas deficiencias ponen en riesgo la seguridad de la población, pudiendo pasar al agua de los acuíferos y arroyos metales pesados de altísima toxicidad como el arsénico o mercurio.
El promotor del proyecto, Pedro Aránguez Ruiz, es catedrático de Escuela de Minas y exdirector general de Industria y Minas de Castilla-La Mancha durante el gobierno de José Bono, por lo que tiene estrechos vínculos y capacidad de influencia en la Administración autonómica y la Diputación Provincial de Ciudad Real, desde los que promueve diversos planes mineros beneficiándose él y el lobby minero para el que trabaja. Al igual que el actual director general, José Luis Cabezas Delgado, exvicepresidente de la Diputación, Aránguez ha figurado en el consejo de administración de empresas públicas y semipúblicas como Nedgia Castilla-La Mancha S.A. (antigua Gas Natural Castilla-La Mancha). José Luis Cabezas también es consejero en GEACAM (Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha) y en la empresa de la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco Jiménez, presidenta del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha S.A., con lo que se beneficia de la información obtenida por su labor en la Consejería, lo que cuestiona su independencia.
La empresa titular del proyecto de la mina de Abenójar es Mining Hill’s S.L. que comparte domicilio con otras empresas “mineras junior” dirigidas por Diego Fidalgo Zarabozo, sin capital social suficiente para la inversión en El Moto y las garantías de restauración. Fidalgo es propietario de Alcudia Mining S.L. con la que promueve la mina de Fontanarejo junto a Aránguez. Varios de los consejeros de Mining Hill’s están vinculados en un complejo entramado que confluye en Valoriza Minería S.A. (filial del grupo Sacyr) a través de Promotora de Minas de Carbón S.A., Inversiones Rio S.L. o European Tungsten Company S.L., entre otras. Algunos consejeros destacados son Eligio Carlos Blanco Fernández, quien ha representado a Mining Hill’s ante la Junta, Gonzalo García San Miguel y Rodríguez Alarcón (alto directivo de Valoriza, con algunos proyectos de investigación más en la provincia) y Vicente Martín Abad, los dos últimos implicados, según Ecologistas en Acción de Madrid, en el caso de “Los papeles de Bárcenas y el Parque Nacional de Guadarrama” junto a otros altos directivos de Sacyr.
Sacyr estuvo implicada en graves acusaciones de soborno por parte de la minera canadiense Edgewater, en relación al fallido proyecto de oro de Corcoesto. Uno de los directivos de Sacyr aconsejo a Edgewater pagar 1.5 millones a altos cargos de la Junta de Galicia.
En 2016, Sacyr se asoció al 50% con el grupo canadiense Lundin Mining y compró todos los derechos de sus 24 proyectos de investigación, de norte a sur, en la franja occidental de España, con millones de euros de coste. También se ha asociado con la multinacional australiana Plymouth Minerals L.T.D., especializada en la adquisición y venta de derechos mineros de antiguas minas abandonadas, con la que está iniciando el contestado proyecto de litio en la mina San José en Cáceres.
Estamos ante una oleada de minería especulativa, diseñada en despachos de la Bolsa e ideada para inflar las acciones de las empresas mineras y promover la compra-venta de derechos mineros. Las dimensiones de esta dinámica se han multiplicado con los gobiernos, tanto del PP como del PSOE a nivel autonómico, quienes han puesto toda la maquinaria administrativa al servicio de este ‘boom’ de la minería especulativa.
Todo parte del plan estratégico “de innovación” denominado “Europa 2020” de la Unión Europea que impulsa, entre otros, proyectos mineros subvencionándolos con 90 millones de euros. Existen compromisos entre la UE y las comunidades autónomas para implantar sin consulta pública planes mineros estratégicos en las autonomías y facilitar la concesión de permisos mineros a las multinacionales. La Junta de Castilla La Mancha es parte de estos acuerdos extractivistas habiendo realizado un Plan Estratégico ficticio que se limita al inventario medioambiental y recomendaciones no obligatorias de buenas prácticas mineras.
