El Portavoz de UPYD en el Ayuntamiento de Manzanares, Jerónimo Romero-Nieva Lozano, ha solicitado, en el Pleno Municipal del 31 de julio, que de motu propio el señor Julián Nieva presente su dimisión o renuncia al cargo como Alcalde, tras conocer una sentencia que da la razón al anterior Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Manzanares, Manuel Martín-Gaitero, al estimar, de manera parcial, el recurso contencioso administrativo especial «para la protección de derechos fundamentales que éste promovió por entender que el Alcalde se condujo de forma contraria a Derecho, y vulnerando sus Derechos Fundamentales, en concreto el artículo 23 de la Constitución Española, en cuanto al ejercicio de las funciones públicas representativas como concejal».
«El Fallo judicial dice textualmente que: DECLARO la existencia de vulneración de los derechos fundamentales del art. 23.2 CE del demandante». Tras la petición hecha por el Portavoz de UYPD «para que el Alcalde deje de serlo por entender que un cargo que ha sido designado Alcalde mediante promesa, o juramento, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puede seguir en el puesto si una sentencia le condena por vulnerar derechos fundamentales».
En el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares el Alcalde ha manifestado que al Portavoz de UPYD «no le daría respuesta por no merecer su atención». Ante estas palabras, que han sido consideradas ofensivas, «no tanto a la persona del Portavoz, que también, sino para los ciudadanos vecinos de Manzanares por la representación institucional como Concejal, este se ha puesto en pie manifestando que no es tolerable dicha actitud y que, ante tal atropello, y en defensa de los vecinos no podía continuar en salón de Plenos como si nada estuviera pasando».
«La dignidad en política pasa por la coherencia y la responsabilidad y es algo que no se explica si no se aplica», alega la formación magenta.
Para el Portavoz de UPYD «una ciudad no puede estar en manos políticas de quien en el ejercicio de sus acciones de gobierno es reconocido, por sentencia judicial, como cargo público que ha vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española».
