El Ayuntamiento de Valdepeñas exigirá al Gobierno de España que proceda en la Ley de Impuestos Sobre la Renta a eliminar la consideración de ganancia patrimonial a tributar en las costas ganadas de un procedimiento judicial, cuando el litigante tenga condición de consumidor o usuario.
Así lo ha adelantado esta mañana el portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, que ha apuntado que esta propuesta será llevada al próximo Pleno que se celebrará el próximo 2 de agosto, “con el objetivo de defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas”.
Delgado recordaba que el Consistorio puso en marcha en 2014 un servicio jurídico gratuito para los vecinos afectados por las cláusulas suelo, con el que se atendieron a 389 familias y más de 1.000 personas. “Unos litigios que en algunos casos continúan por la falta de sensibilidad del gobierno del PP que no corrigió esos desmanes bancarios y obligó a los ciudadanos a acudir a los tribunales”, lamentaba.
En este sentido ha apuntado que en el 2016, cuando Cristóbal Montoro era Ministro de Hacienda, la Agencia Estatal Tributaria modificó su criterio fiscal en cuanto al tratamiento de las costas procesales generadas por los procedimientos judiciales, lo que provocó que consumidores y usuarios con sentencias favorables y con la imposición del pago de las costas a la entidad bancaria, ese concepto, el de las costas referentes al abogado y procurador, se convirtieron en un concepto de un incremento patrimonial.
“Cuando se detectan por el Ministerio de Hacienda esas situaciones, por personas que ya han visto concluido su procedimiento judicial ganado, que además solo han visto que se modifica su escritura y han recibido el retorno de una cantidad determinada por intereses, que no conocen ni siquiera el alcance de las costas porque sus profesionales han cobrado directamente de la entidad bancaria, la Agencia Estatal Tributaria les obliga a tributar como una ganancia patrimonial por ese concepto”, criticaba Delgado.
En este sentido apelaba a la “sensibilidad” del Gobierno de Pedro Sánchez para que reflexione sobre esta propuesta “que entendemos supone una reforma legislativa que conlleva una mejor situación tributaria para las personas, más si cabe cuando el origen están en el abuso de las entidades financieras”.
El portavoz de Gobierno concluyó señalando que “una cosa es que haya un abuso por parte las entidades financieras y que las administraciones públicas la atajen, que entiendo que desde el gobierno del PP en el Estado no se atajó con la contundencia que una situación como esa requería, y otra cosa es que permitamos, también desde una administración local, porque nos corresponde la tutela de los intereses de nuestros vecinos y vecinas, que sea la propia administración pública la que persista en abusar claramente de las personas afectadas por una situación como la descrita”.
