Gobernar Puertollano en sosiego y normalidad democrática

Santos G. Monroy.- El grupo municipal de Ciudadanos lleva razón cuando se muestra cauto a la hora de sopesar una posible petición de dimisión de la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, por el caso Cerrú sobre posibles irregularidades en la contratación de las obras de construcción del campo de fútbol durante el mandato del exalcalde Joaquín Hermoso Murillo.

Pedir la dimisión de Fernández, a menos de un año de las elecciones municipales, solo tendría sentido si la regidora o algún miembro de su actual equipo de Gobierno fueran citados a los juzgados de la calle Cruces como investigados. Pero ni por el momento lo están, en una causa de la que poco se sabe y que apenas ha dado sus primeros balbuceos, ni hay que dudar de su honradez y honestidad, al tiempo que la renuncia no aportaría nada, salvo un relevo de nombres extraídos del mismo equipo de Gobierno ante la imposibilidad legal de convocar anticipadamente comicios municipales.

A estas alturas, con la precampaña electoral en un horizonte de apenas siete meses, la petición de dimisión o la propuesta de moción de censura en el seno de una oposición con planteamientos muy dispares e incluso enfrentados, y con un Partido Popular orgánicamente desnortado y en manos de una gestora, solo tendría explicación en un contexto electoralista, pero nunca como instrumento de mejora del gobierno municipal, que podría quedar a la deriva.

Por otra parte, la iniciativa de moción de censura del PP nace muerta al no contar con el respaldo de todos los grupos de oposición; y aun en el caso de que prosperase, presumiblemente solo llevaría a un interregno de 10 meses de inestabilidad política que flaco favor haría a Puertollano.

El escaso seguimiento de la convocatoria de este lunes para pedir la dimisión de Mayte Fernández, apenas 200 personas incluidos militantes de la oposición, da la clave para medir la baja tensión de la ciudadanía. ¿Ha sido por indolencia, por falta de apoyo a la plataforma convocante, por respaldo a la alcaldesa, por miedo o por las inexplicables o inconfesables relaciones causa-efecto entre gobernados y gobernantes? Lo que está claro es que, en rigor y literalmente, la jornada del lunes ha demostrado que en estos momentos no hay un clamor generalizado por la dimisión de Fernández, al margen de las críticas a la gestión de Hermoso Murillo, las quejas vecinales por los errores de gestión y mantenimiento, y el propio desgaste del equipo de Gobierno.

Es cierto que Fernández recibió el bastón de mando hace cinco años de manos de Hermoso, pero en la presente legislatura es la primera autoridad municipal en virtud de sus propios aciertos y errores, con la legitimidad y la legalidad de los votos, y no por la férula del exalcalde, que ya dimitió y fue apartado del PSOE hace años.

La alcaldesa, eso sí, debiera desmarcarse con contundencia de la nefasta segunda legislatura de Hermoso, quien sumió al Ayuntamiento en el drama de una deuda que sigue obstaculizando seriamente la gestión municipal y en una inercia de acumulación de causas judiciales, tanto administrativas como penales, con un coste de decenas de millones de euros. Fernández debiera asimismo apartar cautelarmente de sus funciones al secretario accidental del Ayuntamiento, investigado en los casos Cerrú y Plaza de Toros, y presentarse como acusación particular en la primera de las causas para disipar toda duda de su compromiso por el esclarecimiento de los hechos.

Solo el daño ocasionado a la imagen de Puertollano, solo el drama, la angustia y la tensión que supusieron para ciudadanos y funcionarios las 12 horas de registros efectuados en las instalaciones municipales a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, un hecho insólito en la historia democrática de la ciudad minera, merecen el repudio de una época de gobierno marcada ya en la Fiscalía y en el juzgado por las sombras de la corrupción y la arbitrariedad.

Pero la vida sigue, y las turbulencias y presiones políticas no deben despistar a la regidora a la hora de enmendar los errores de la gestión cotidiana, que es para lo que ha sido elegida y por lo que debe luchar en cada minuto.

Llegados a este punto, en plena investigación sobre los expedientes del caso Cerrú, que se remontan a hace más de una década, y a las puertas del juicio oral por la Plaza de Toros, el bálsamo para las heridas del pasado debe llegar desde la Justicia, caiga quien caiga; del mismo modo que el desenlace de la coyuntura política (y la valoración de los errores y aciertos de cada cual), debe llegar tras la próxima cita con las urnas… y siempre, continua, invariablemente, en un ambiente de sosiego y normalidad democrática.