Mario Villamor Nodal. Técnico de Europe Direct Ciudad Real.- Esta es alguna de las lamentables frases que hemos podido llegar a oír durante estos días en relación a la política de migración europea. Un 38% de los europeos manifestó en el último Eurobarómetro que la inmigración es la principal preocupación de la ciudadanía europea en su conjunto.
No es para menos: 68.5 millones de personas fueron forzadas, durante 2017, a abandonar sus hogares y buscar refugio debido a conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos, persecución y desastres naturales.
La pretendida solidaridad que ha de regir la política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, de conformidad con el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cada día se ve más difuminada debido a las guerras fraticidas entre los Estados miembros de la UE. En países como Hungría se ha tipificado ayudar a inmigrantes irregulares y el respeto a los derechos humanos cada día parece más difícil de garantizar.
La magnitud de la crisis de refugiados que se gestó, principalmente, en el período 2015-2016, se materializó en la conciencia europea mediante una fotografía: la del pequeño Aylan, de tres años, que murió ahogado en una playa de Turquía. Ahora, la decisión del ministro de interior italiano, Salvani, de no aceptar a los 629 migrantes del Aquarius ha vuelto a encender el debate sobre migración.
Sin embargo, atendiendo al artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, «ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas». El debate está abierto.
Tras el indudable fracaso de la anterior reforma del Sistema Europeo Común de Asilo donde de los 160.000 refugiados solo han sido reubicados algo más de 30.000, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es necesario plantearnos hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar.
Quizás el Consejo Europeo que tendrá lugar hoy y mañana permita aportar una solución entre las distintas medidas que se han propuesto: reforzar las fronteras, constituir centros cerrados, garantizar el cumplimiento de cuotas, etc.
La reforma del Sistema Europeo Común de Asilo tiene dividido al gobierno alemán. Merkel apuesta por la que, a mi juicio, sería la mejor opción: hallar una solución común a nivel europeo, así como el reforzar acciones comunes hacia los países de origen y tránsito. El 68% de los encuestados en el Eurobarómetro también reclama una política común europea sobre migración.
La reforma del Reglamento de Dublín también está sobre la mesa: este cuerpo jurídico es el que regula las normas para el reparto de inmigrantes en la UE y el que establece que el primer país al que llega el solicitante es competente para su demanda de asilo. Sin embargo, esta propuesta legislativa aún no está lista para su conclusión, ni la que establece los procesos de asilo.
Sí estarían ya casi finalizadas las relativas a la base de huellas digitales europea (Eurodac; mediante la identificación de personas que se hallen de manera irregular en la UE), el marco de reasignación, los estándares de protección europeos en asilo y las condiciones de recepción de migrantes, así como la creación de una nueva Agencia Europea de Asilo. Sanciones para la falta de cooperación, un acortamiento de los plazos y facilitar las transferencias de los solicitantes de asilo entre Estados miembros serán algunas de las nuevas medidas.
La UE se plantea fomentar la solidaridad y la reubicación de los migrantes, el dotar de mayores recursos financieros a los países bajo mayor presión migratoria, así como destinar mayores medios humanos. Además, se pretende potenciar el papel de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que contaría con 10.000 guardias más (esta Agencia ha salvado más de 620.000 vidas desde 2016, junto a las operaciones de rescate griegas e italianas), así como el fomento de la cooperación con países no europeos, de cara a una mejor gestión de los flujos migratorios.
Una de las opciones que va ganando más adeptos es la de establecer puntos de control fuera de la UE, en países como Túnez, para que pueda valorarse si aquellos que desean llegar a territorio europeo sepan si tendrán o no derecho a asilo y protección internacional. Para ello, habría de diferenciarse entre los migrantes económicos y aquellos necesitados de protección internacional.
La apuesta europea es firme: el pasado 12 de junio se propuso desde la Comisión para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027 casi triplicar la financiación para la gestión de fronteras y migración hasta los 34.900 millones de euros. Además, durante el pasado año, el 90% del presupuesto de Protección Civil y Ayuda Humanitaria fue destinada a ayudar a personas desplazadas y a sus lugares de acogida.
Sin embargo, parece difícil garantizar el consenso cuando hay países que, desde 2015, se niegan a cumplir el sistema de reparto de cuotas. Tajani, presidente de la Eurocámara, ha realizado unas declaraciones donde ha puesto de manifiesto el carácter de lugares de refugio y protección que este tipo de centros tendría y no «campos de concentración» como desde algunos medios se ha dicho. Además, lidiar con las mafias de seres humanos que operan desde Libia o Marruecos es otro reto de gran importancia. Estas percibirían unos 4.000 euros por cobros realizados a inmigrantes subsaharianos por tráfico ilegal de seres humanos .
Ya lo dijo Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo: «el egoísmo nacional nunca puede ser la respuesta a los problemas globales». Y superar este individualismo debe ser el camino.
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