Buena acogida de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) al documento del Gobierno regional en busca de la posición común de defensa de los intereses de la comunidad y sus ciudadanos en materia de agua, un documento que estará terminado para mediados del mes de julio tras los diferentes encuentros con los interlocutores sociales y económicos de la región y que, a partir de ese momento, será trasladado a los partidos políticos para obtener una posición común de apoyo para que “Castilla-La Mancha pueda defender con fuerza los intereses de la región y sus ciudadanos” en materia de agua “con una sola voz”.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha mantenido un encuentro en la jornada de ayer con Mayte Fernández Molina y Tomás Mañas, presidenta y secretario general de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, respectivamente, enmarcada dentro de la ronda de interlocución abierta para que “el agua, que es un bien público y siempre escaso, genere desarrollo al mismo tiempo que cumplimos los mínimos medioambientales y en estos momentos no lo estamos haciendo”.
Así, Martínez Arroyo ha significado que “tenemos el reto de que ambas cuestiones, economía y medio ambiente, sean compatibles” y para ello es necesario que este documento sea negociado, como se está haciendo, con todos los implicados para que sea un “documento vivo”.
Tras el apoyo de la FEMP a esta propuesta del Gobierno regional y una vez finalizada las reuniones presenciales planteadas para los próximos días, se espera poder alcanzar un “acuerdo entre todos” ya que “no se entiende que en cuestión tan sensible de la que depende el futuro de nuestra tierra no nos pongamos todos de acuerdo”.
En relación al pacto nacional por el agua, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha indicado que “no es fácil, es un reto ambicioso” pero ha confiado en que el cambio en el Gobierno central “lo va a reactivar”, de tal manera que éste tendrá en cuenta a las comunidades autónomas en un aspecto tan fundamental como éste.
En este sentido, ha subrayado que de lo que se trata es de que “haya un pacto nacional y que el agua redistribuya la riqueza entre todos los territorios y entre todas las personas”.
