El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, ha adelantado que el nuevo Plan de Depuración de Castilla-La Mancha, que se extenderá hasta 2022, conllevará la creación de 5.000 puestos de trabajo, con lo que, además de cumplir con el “deber moral” de la limpieza de las aguas residuales, “nos proporciona movimiento económico y riqueza”.
Así lo ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha durante la inauguración de la nueva Estación de Depuración de Aguas Residuales ‘La Sagra Baja’, que prestará servicio a los municipios toledanos de Bargas, Cabañas de la Sagra, Magán, Mocejón, Olías del Rey y Villaseca de la Sagra. Un acto en el que García-Page ha estado acompañado, además de por los alcaldes de estos municipios, por la consejera de Fomento, Agustina García Élez; el presidente de la Diputación provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y el presidente de la mancomunidad de municipios de La Sagra Baja y alcalde de Yuncler, Luis Miguel Martín.
El presidente regional también ha destacado que, con el nuevo Plan de Depuración, Castilla-La Mancha se alineará con los objetivos medioambientales de la Unión Europea, lo que facilitará el acceso a fondos específicos en la materia.
En este punto, García-Page ha recordado cómo, debido a la mala gestión realizada en materia de depuración de aguas residuales durante la legislatura 2011-2015 y la paralización de hasta 157 infraestructuras relacionadas, la región estuvo a punto de perder las aportaciones económicas para este fin que la UE pone a disposición de las comunidades autónomas.
Confederaciones hidrográficas
El presidente de Castilla-La Mancha ha expresado su deseo de que el nuevo Gobierno de España aborde una modificación en el modelo de gestión de las confederaciones hidrográficas y ha reclamado un mayor peso de las comunidades autónomas y las entidades locales en estos órganos de gestión.
“Son probablemente las instituciones del Estado que están más acostumbradas a trabajar de espaldas a la administración local y las comunidades autónomas”, a pesar de que cuentan “con importantísimas competencias” en materia de agua, ha lamentado el presidente.
En este punto, García-Page ha defendido el mantenimiento de la “unidad de cuenca” aunque, al mismo tiempo, ha recalcado que “parece razonable que, todos los que tenemos competencias y dependemos” de las decisiones que toman las confederaciones hidrográficas, “formemos parte del día a día de la gestión del agua”.
Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado optimista sobre los “cambios estructurales” que, a su juicio, debe de haber en España en materia de agua, con la debida cautela debido a las limitaciones de la “estrechez” política actual.
Nueva EDAR de La Sagra Baja
La nueva Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de La Sagra Baja, paralizada durante los primeros meses de la legislatura 2011-2015, presta servicio desde el pasado 14 de junio a un total de seis municipios de esta comarca toledana, concretamente Bargas, Cabañas de la Sagra, Magán, Olías del Rey, Villaseca de la Sagra y Mocejón, en cuyo término municipal han quedado ubicadas las instalaciones.
Con una inversión cercana a los 20 millones de euros, está dimensionada para una población cercana a los 60.000 habitantes y consta de un edificio de transformación de 500 metros cúbicos a la hora y un tanque de tormentas con 2.850 metros cúbicos de capacidad.
El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que estas nuevas instalaciones, las de mayor cuantía en materia de depuración que ha realizado el Ejecutivo autonómico durante la presente legislatura, son un “orgullo” y un buen ejemplo de la inversión “por encima de la media” que está realizando la región en este sentido.
“Estamos trabajando para las futuras generaciones”, ha destacado García-Page, para quien “es importante que acabemos bien el ciclo de una persona, una sociedad y un pueblo”, invirtiendo en conseguir “agua limpia, productos ecológicos o mejorando la recogida de residuos”, entre otros.
El agua es política. Política entre individuos, entre comunidades, entre entidades políticas o gobiernos municipales y política entre estados.
Pero la crisis del agua tiene, en general, un denominador común: la crisis en la gestión del agua.
En España, tenemos un modelo de participación de usuarios del agua, de actores políticos involucrados y del Estado español como garante del cumplimiento de acuerdos y como parte implicada responsable de la operación hídrica de la cuenca.
España ha cambiado y tiene que ajustar sus modelos y procesos
para estar en sintonía con esos cambios. Estos ajustes deben ser
realizados cuidadosamente y en forma ordenada y gradual. Hay
una experiencia histórica muy rica que debe respetarse y
aprovecharse plenamente. También hay desafíos que obligan a
reformar el paradigma existente acorde con la España del presente siglo.
La política hidráulica del siglo XXI debe dar prioridad a un consumo más eficiente y sostenible sin olvidar que el agua es fuente de vida y de futuro.
Y es que, tal vez, el modelo centrado en el principio de la ‘unidad de gestión de cuenca’ deba enfocarse de una manera diferente y más fructífera: integración de políticas y participación pública…..
Estaremos observantes por aquello de que no se repita el caso Emarsa (Valencia). No se si recordarán el saqueo de 24 millones de euros por el que se encausó a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia en la etapa de Alfonso Rus y exalcalde de Manises con el PP, Esteban Cuesta, que fue gerente de Emarsa y alcalde pedáneo de Benimàmet (Valencia) con el mismo partido, y los exdirectivos de la entidad de saneamiento de aguas de la Generalitat, Epsar, Ignacio Bernácer y José Juan Morenilla.
Espero que la prensa dé buena cuenta de cómo se gastan los dineros públicos y que Podemos esté muy al tanto.
Recordemos también que en la época del Registrador de Santa PPola, ACS y FCC se quedaron con el 68% de los sobrecostes de obra pública. Vamos, unos 20 millones de euros anuales que no se destinaron a I+D, a colegios públicos, a sanidad pública o a poder mantener la caja de las pensiones llena.
Así es que, esperemos ver a quién se le da la obra pública, la concesión y qué sobrecostes tiene esto para l@s castellanomancheg@s que tienen que soportar listas de espera en sanidad, servicios sociales, que no reciben prestaciones, que no tienen ni ventiladores para sus hij@s en los colegios etc etc…
Por otro lado, es de esperar que no se repita la construcción de megadepuradoras en localidades que luego no tienen dinero para mantenerlas en marcha y que se mancomune de tal manera que puedan servir a varios municipios a la vez.