Comunicado.- La PI (Plataforma de Interinos) integrada por personal temporal de todas las Administraciones Públicas, ante la reciente publicación en el BOE de la concesión, por parte del Ejecutivo Socialista, de 8,88 millones de euros en concepto de subvenciones a los sindicatos representativos, cuestiona el derecho de los sindicatos a cobrar subvenciones con cargo al erario público.
Estamos hablando de sindicatos sectoriales que, en lugar de defender los derechos de los 900.000 Empleados Públicos temporales de la Administración, con una experiencia reconocida de 3, 15, o hasta 25 y 30 años de servicio, han sido capaces de firmar el Acuerdazo. Ese Acuerdazo firmado entre CSIF, CCOO y UGT y el ex Ministro de Hacienda Cristóbal Motoro, que va a suponer el mayor ERE de la historia de España, dejando en la calle aproximadamente a unos 500.000 Empleados Públicos temporales. Hablamos de los sindicatos que son capaces de firmar este ERE “sin que les tiemble el pulso”, y “a la vez que cometen esta traición a los trabajadores”, son capaces de “ofrecer sus servicios jurídicos para defender nuestros derechos ante los tribunales”.
Estamos hablando de unos sindicatos que, a nuestro entender, han sacrificado al personal temporal de la Administración que trabaja en Colegios, Hospitales, Dependencia, Policía, Justicia, etcétera, por otras prebendas.
De unos sindicatos que, a sabiendas de que el personal temporal de larga duración está contratado en fraude de ley conforme a la normativa europea, no sólo no han sido capaces de exigir al gobierno correspondiente que cumpla la legalidad y regularice la situación de entre 700 a 900.000 empleados públicos, sino que, por el contrario, siguen defendiendo el Acuerdazo, y por tanto, que la solución a esa ilegalidad es la convocatoria de oposiciones dando estabilidad a las plazas, no a las personas que las ocupan. Son copartícipes del problema generado por la actuación alegal de la propia Administración (garante de la legalidad), dejando en la calle y sin ningún tipo de derechos a trabajadores que en cualquier otro ámbito laboral se convertiría en trabajadores FIJOS.
Sindicatos que, para más inri, tiene la desfachatez de mantener que el Acuerdo y, por tanto, los despidos o ceses que se van a producir como consecuencia del mismo, es lo mejor para nosotros, “para poner fin a la inestabilidad de los interinos” según palabras textuales del CSIF publicados en el periódico La Vanguardia.
Hablamos de unos sindicatos que, a modo de ejemplo, no han recurrido durante años los despidos de los docentes interinos durante el verano, cuando recientemente el Tribunal Supremo ha dictaminado la ilegalidad de esos despidos en aplicación de la normativa europea. La misma normativa europea que la PI exige que se aplique a todos los empleados públicos temporales contratados en fraude de ley.
Hablamos de sindicatos representativos o de clases, como ellos mismos se llaman, que van a recibir 8,88 millones de euros, que podrían utilizarse para crear Residencias de discapacitados, de ancianos, Hospitales, Colegios etcétera y que, en lugar de eso, se van a repartir entre ellos, para la actividad sindical y formación de los trabajadores.
En cuanto a la actividad sindical, no debemos olvidar que los liberados cobran su sueldo en función del puesto que vinieran desempeñando antes de su liberación (en el que se incluyen las guardias, aunque una vez liberados no las hagan), que los sindicatos reciben los medios materiales (locales, ordenadores…) de la Administración, y que además, cobran las cuotas a sus afiliados para realizar las tareas sindicales que les son propias (pancartas, banderas, movilizaciones, servicios jurídicos, etcétera), por lo que podemos afirmar que un sindicato puede realizar perfectamente su labor sindical exclusivamente con los medios materiales que le facilita la Administración y sus propios medios (cuotas)
En cuanto a la formación, habría que empezar aclarando que la formación de los trabajadores pagada con fondos públicos debería impartirse única y exclusivamente por la propia Administración. La obligación de un sindicato es defender los derechos de los trabajadores, la formación de los trabajadores es obligación del empleador, en este caso, la Administración.
Entonces ¿porque un sindicato tiene que impartir formación a los trabajadores y cobrar subvenciones por ello?
Fundamentalmente porque la formación de los trabajadores se ha convertido en un negocio.
Los sindicatos reciben subvenciones millonarias destinadas a formación, parte de esa formación es impartida por los propios liberados que, aproximadamente a 100 € la hora, se llevan un sobresueldo importante.
Los afiliados suelen tener preferencia para la concesión de los cursos de los sindicatos, a pesar de que están pagados con dinero público. Y, a su vez, consiguen más afiliados ya que, hay trabajadores que se afilian a un sindicato para conseguir cursos de formación que luego les puntúan para la promoción interna.
Sin contar con que, de las subvenciones millonarias obtenidas para formación, existe un 10% del gasto, de difícil o imposible justificación.
Por tanto, aunque significativo, no puede extrañar que en los últimos años los propios trabajadores temporales de la Administración Pública hayamos tenido que crear Organizaciones, Asociaciones, Plataformas, e incluso Sindicatos Independientes para defender nuestros derechos.
Es por lo que, desde la P I pedimos públicamente que se eliminen las subvenciones a cargo de el erario público a todos los sindicatos. Una cosa está clara: «nadie muerde la mano que le da de comer».
[…] miciudadreal – 20 junio, 2018 […]