El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un Decreto para regular la contratación electrónica en el sector público regional, que consolida la simplificación administrativa, mejora la transparencia y favorece una mayor concurrencia de las empresas en los procesos de licitación pública.
El Decreto por el que se regula la contratación electrónica en el sector público regional fue aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de esta semana y entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
En concreto, este nuevo Decreto tiene por objeto regular la naturaleza electrónica del ‘perfil del contratante’ en el Portal de Contratación Pública de Castilla-La Mancha, la publicidad de las licitaciones en el ‘perfil del contratante’, el procedimiento de contratación pública y el Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La Mancha, así como el alcance de sus inscripciones y el procedimiento para su tramitación.
La entrada en vigor de las Leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, han supuesto un impulso decidido a la administración electrónica, siendo la contratación electrónica uno de los ámbitos en los que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende avanzar de manera más decidida.
Así, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, el Decreto que se ha aprobado recoge los principios de necesidad, eficacia y eficiencia, al apostar por la mejora de la gestión mediante la integración de aplicaciones y servicios, y de proporcionalidad, ya que no supone cargas para la ciudadanía o para los órganos o unidades implicados en los procesos de contratación.
De igual forma, este Decreto garantiza el principio de seguridad jurídica, pues la adaptación al nuevo marco legal resuelve las contradicciones que pudieran existir en los textos que se derogan y regula aspectos que en la normativa anterior no se preveían.
Finalmente, supondrá un impulso de la transparencia en la contratación pública de la Administración regional, ya que todas las medidas que introduce favorecen una mayor concurrencia en los procedimientos de licitación pública y en la información que pueda obtenerse y ofrecerse de los mismos mediante las herramientas de gestión de la información, así como una centralización de los puntos de acceso a dicha información por las personas que deseen contratar con la Administración.
Este Decreto será de aplicación a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y los entes dependientes o vinculados con cualquiera de ellos, que conforme a lo dispuesto en la normativa básica de contratos se consideren parte del sector público regional.
