Comunicado de la Plataforma de Personal Temporal de las Administraciones Públicas en Castilla-La Mancha.- Convocamos el 17 de mayo a la concentración a las 18:30 horas en la Plaza de Zocodover de Toledo. Los empleados públicos temporales de las administraciones públicas en Castilla La Mancha salimos a la calle ante la amenaza de un ERE encubierto que podría llevar al desempleo a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores.
Se calcula que en toda España son entre 700.000 y 900.000 los/las afectados/as, varias decenas de miles de ellos en Castilla La Mancha. Sin duda, el mayor ERE de la historia.
Según ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2016, muchos gobiernos autonómicos y locales como los de Castilla La Mancha así como el del Estado, han tenido trabajadores temporales durante años en situación de un fraude de ley, al sumar relaciones de empleo temporal durante muchos años y para funciones que no eran auxiliares o temporales sino estructurales y permanentes, y no convocar a puestos fijos en su debido momento y cantidad, incumpliendo con ello lo establecido en la Directiva
19999/70/CE de la Unión Europea sobre el trabajo temporal: el empleo temporal debe tener un límite (3 años) y la legislación nacional debe incluir la sanción para el empleador y la compensación para el empleado en caso de incumplimiento.
Este deber de modificar la legislación española no solo ha sido incumplido por el Gobierno español para el caso del empleo público, regido por el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que el gobierno español pone todas las resistencias posibles incluso en los tribunales para dar cumplimiento a ese mandato del TJUE de compensar al empleado con abuso de temporalidad en estabilidad o, incluso, indemnizaciones.
Es más, la “solución” que ha decidido el Gobierno del Estado a esta situación llegó con la Ley de Presupuestos de 2017, y con el sorprendente acuerdo de los tres sindicatos nacionales mayoritarios: que las plazas ocupadas durante 3 años o más por empleados públicos temporales, por tanto en situación de fraude de ley por abuso de temporalidad, se convoquen en procesos selectivos que no se establecen sean de consolidación del personal afectado sino Ofertas de Empleo Público convencionales que solo tendrán en cuenta la experiencia del personal afectado de forma marginal. Ello supone no solo no reconocer el fraude de ley, sino arrojar y sin indemnización alguna a la calle a cientos de miles de empleados públicos – varias decenas de miles en Castilla La Mancha-, sin tener en cuenta sus derechos adquiridos.
ANTE ESTA SITUACIÓN EXIGIMOS:
1. El reconocimiento de oficio por la Administración del Fraude de Ley de todos los empleados públicos (sean funcionarios, estatutarios de los Servicios de Salud o laborales) que lleven más de 3 años en situacion de empleo temporal en cualquier Administración Pública regional o local localizada en Castilla La Mancha
2. La paralización de las ofertas de empleo anunciadas o ya publicadas, así como sus convocatorias respectivas de oposiciones, que incluyan esas plazas de personal temporal en fraude ley.
3. La regularización y estabilización del temporal afectado mediante convocatorias excepcionales de procesos de concurso de méritos -con la antigüedad como principal baremo- con todos los puestos ocupados por todos los empleados públicos en fraude de ley. El concurso de méritos se reconoce posible por la legislación española (artículos 61.6 y 61.7 del Estatuto Básico del Empleado Público) en situaciones excepcionales como es ésta, y sería una adecuada compensación como exige la normativa europea además de una solución de coste económico cero para la administración que además vería retenida el gran capital humano de conocimiento que supone personal con tanta experiencia y que ya ha demostrado su capacidad durante sus tantos años de servicio.
4. Convocatorias de OPEs con concurso-oposición de periodicidad anual o bienal como máximo para los puestos ocupados por temporales de reciente creación o las nuevas vacantes para reposición o de recuperación de plantillas perdidas. Además de ser una exigencia justa para acabar con el abuso de temporalidad en el empleo público, se ahorrarán gastos enormes e innecesarios, costeados por los ciudadanos y ciudadanas, por las indemnizaciones y costas judiciales que acabarán ganando en los tribunales los temporales que demandarán su “cese” tras perder su puesto por esas OPEs injustas diseñadas desde el Gobierno. Además esos ciudadanos se beneficiarán del mejor servicio público al mantener en su mayor parte al personal que lo viene desempeñando.
Por todo ello, os invitamos a participar en una concentración el 17 de mayo a las 18:30 horas en La Plaza de Zocodover de Toledo, por la consolidación de nuestros empleos.
