Castilla-La Mancha, Aragón y Cantabria han mostrado su buena sintonía en una reunión mantenida hoy en Santander a favor de una postura común ante las negociaciones de la Política Agrícola Comunitaria y han instado al Ministerio de Agricultura a que tenga en cuenta a las comunidades autónomas, que son “las que tienen las competencias” en la materia, para defender los intereses de los agricultores y ganaderos en Bruselas.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha indicado que “queremos participar en la toma de decisiones para negociar el presupuesto de una política tan importante y negociar el contenido, los conceptos, las líneas y la forma de trabajo que se van a llevar a cabo en la futura posición de la PAC”, ya que “somos las comunidades autónomas las que tenemos las competencias exclusivas en materia de agricultura y ganadería”.
Francisco Martínez Arroyo ha acudido esta mañana a Santander invitado por el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Jesús Miguel Oria Díaz; un encuentro en el cual ha estado también presente el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, en el cual se le ha presentado el documento de posicionamiento de la PAC que Castilla-La Mancha y el Gobierno de Aragón suscribieron en el ‘Pacto de Almagro’ y que apuesta por el futuro de una política común donde no se pierdan recursos.
En este sentido, ha explicado que ese documento ya remitido a las comunidades y al propio Ministerio, es “la defensa del modelo de agricultura que permita mantener vivo el medio rural”, en el cual se apuesta por las explotaciones familiares, el relevo generacional, la introducción de un techo de ayuda por explotación o el pago redistributivo para las primeras hectáreas, de forma que los agricultores “puedan tener un ingreso mínimo igual sin depender del territorio donde se encuentren”.
Ha recordado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural castellano-manchego que en la actualidad, con la propuesta anunciada por la Comisión Europea ara el periodo 2021-2017 “estamos hablando de una reducción muy sustancial de precios contantes de casi el 18 por ciento respecto al actual periodo de programación”, lo cual, significaría “menos recursos para ganaderos y agricultores y medio rural y más dificultades para poder llevar a cabo una política imprescindible y que además es comunitaria y común”.
Martínez Arroyo ha puesto de manifiesto que es “tarea y responsabilidad de la ministra de Agricultura” contar con las comunidades autónomas en busca de un acuerdo y un consenso y “hay que intentarlo”, recordando que en la conferencia sectorial “no hemos podido debatir qué modelo es el que queremos y qué queremos hacer con el dinero” a nivel nacional.
Es por ello, que los tres consejeros, han puesto de manifiesto la necesidad de “entre todos dar voz a los agricultores de nuestro país y nuestras comunidades”.
Por su parte, consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Jesús Miguel Oria Díaz ha incidido en que “el debate de la PAC es del presente y no del futuro” y ha apostado por este acercamiento de las comunidades con vistas a un “obligado acuerdo nacional”.
Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón ha significado que las tres comunidades reunidas defienden posiciones y planteamientos similares y ha subrayado que el Pacto de Almagro “es apostar por una reforma en profundidad que nos lleve a una PAC que siendo imprescindible tiene que ser más justa y más eficaz”.
Castilla-La Mancha, aún sin trasferencia de sus Parques Nacionales
En la reunión de esta mañana en Santander, los consejeros de Aragón y Cantabria han compartido, además, su experiencia tras las transferencias de los Parques Nacionales de Picos De Europa, Ordesa y Monte Perdido, de cara a la inminente transferencia que debe hacer -tal y como comprometió el MAPAMA a Castilla-La Mancha- de las Tablas de Daimiel y Cabañeros.
Se trata de un asunto ante el cual Castilla-La Mancha lleva meses demandando al Ministerio de Agricultura, siendo la única comunidad autónoma en España a la que queda por transferir la gestión directa de sus Parques Nacionales.
