Miriam Pareja.- El Grupo Municipal del Partido Popular viene criticando la medida de actualización, según el IPC de los años 2016 y 2017, de las tarifas de mantenimiento del alcantarillado y depuración de aguas, adoptada recientemente en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real.
Manifiestan, en incluso se atreven a proponer, que no se actualicen esas tarifas y que los incrementos se abonen con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento (cómo si el Presupuesto no estuviera financiado con los impuestos de los ciudadanos).
Pero resulta, como mínimo, hipócrita cuando fue el Gobierno del Partido Popular quién sacó la concesión del mantenimiento del alcantarillado y estableció en una de sus clásulas que la retribución del contratista vendría financiada directamente mediante tarifas a los usuarios.
Concretamente, la cláusula Decimocuarta.- RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO.-
dice textualmente:
“1.- El concesionario, como contraprestación de este servicio, percibirá de los abonados procedentes, conforme establece la tasa regulada en las Ordenanzas Fiscales….”
“2.- A los fines de mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, la revisión de la tasa se efectuará anualmente en función de las variaciones experimentadas por el índice de Precios al Consumo, en cómputo nacional, desde la fecha de la última revisión y conforme a la normativa reguladora de las Ordenanzas Fiscales.”
En base a este segundo punto, se propuso al Pleno la actualización de la Ordenanza. Propuesta que fue rechazada.
No obstante, ha sido el Gobierno de España (del Partido Popular) quién ha cambiado la Norma, en la Ley de Contratos del Sector Público, quitándole el carácter tributario a las tarifas de las concesiones de servicios. Pasando a ser competencia de los Órganos competentes de la contratación, en el caso del Ayuntamiento de Ciudad Real la Junta de Gobierno Local.
Con este cambio normativo, el Gobierno Municipal no ha hecho otra cosa que dar cumplimiento al contrato de la concesión, aunque fuera firmada por un gobierno municipal de otro signo político.
Por otra parte, parece razonable que se actualicen las retribuciones de la empresa según el IPC, máxime cuando viene establecido en el propio contrato.
Lo que no parece razonable es que el Gobierno de España, y su Presidente Sr. Rajoy, se nieguen a actualizar según el IPC las pensiones de millones de españoles y españolas.
