CNT Ciudad Real.- El día 9 de abril, ante el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Logroño, dieron comienzo las sesiones del Juicio Oral contra nuestros compañeros Pablo Alberdi ,para el que la Fiscalía pide seis años y nueve meses de prisión y multa, por supuestos delitos de desórdenes públicos, de inducción del delito de atentado a agentes de la autoridad, de un delito de lesiones, de cinco faltas de lesiones y de un delito de daños cualificados; y contra Jorge Merino, para el que se solicitan dos años de prisión y multa, acusado a su vez de desórdenes públicos, atentado con medios peligrosos y lesiones; supuestas acciones llevadas a cabo en el marco de la huelga general del año 2012.
Conviene recordar que la huelga del día 14 de noviembre de 2012 fue el segundo gran paro general convocado con el fin de frenar las políticas económicas del Gobierno del Partido Popular. El éxito de movilización con que se saldó puso en evidencia el descontento social ante los recortes que hacía tiempo se habían iniciado y todavía no ha terminado y que tienen como objetivo recortar nuestros derechos, los laborales y los sociales, nuestros salarios, la congelación de las pensiones, el aumento de la jornada laboral y haber alargado la edad de jubilación. Este gobierno ha vendido servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales, cultura, transporte, comunicaciones, energía, agua…, desviando los recursos públicos a los bolsillos de unas pocas empresas privadas.
Cabe así mismo explicar que en este contexto de movilización social, y concretamente en Logroño, se produjeron cargas policiales de tal violencia que dieron lugar a dos heridos graves, uno con pérdida de visión parcial permanente en un ojo y otro con un fuerte golpe en la nuca que le llevó a permanecer en instalaciones hospitalarias durante dos días; también varias personas de entre los manifestantes presentaron contusiones.
Una de las dianas de la represión se fijó en la Confederación Nacional del Trabajo. Jorge y Pablo son reconocidos miembros de la CNT de dicha ciudad; al detenerles y encausarles se daba también un golpe a un sindicato que aquel día encabezaba una manifestación multitudinaria y congregó a miles de personas frente al palacete donde se cobijaba el presidente autonómico.
Se da la paradoja de que Jorge, como aseguran varios testigos que han declarado en el proceso y han comparecido a la vista oral, se encontraba en el momento de los sucesos a 50 kilómetros de distancia fichando para entrar en su trabajo y que de Pablo hay multitud de material audiovisual donde se le ve durante los altercados sosteniendo una pancarta con las dos manos llamando a la calma.
Entre otras muchas irregularidades destaca que los vídeos grabados por la policía han sido destruidos por no considerarlos de “calidad” suficiente y no han sido aportados como prueba de la acusación, por lo que sólo han podido verse las grabaciones que hicieron los propios manifestantes. Tampoco ha sido posible disponer de las grabaciones realizadas por las cámaras fijas del edificio del gobierno regional ya que fueron destruidas rutinariamente al no haber sido solicitadas como prueba, aunque Jorge y Pablo fueron acusados justo el día después de la manifestación.
En mayo de 2017 y con el fin de intentar subsanar dicha chapuza policial, la Fiscalía ofreció a los acusados llegar a un acuerdo, estos debían declararse culpables y a cambio la pena sería reducida hasta el punto de no tener que entrar en prisión, pacto que nuestros compañeros declinaron tajantemente en honor a la verdad y a su propia dignidad.
Como sindicato activo en las reivindicaciones, movilizaciones, huelgas y protestas, la CNT no puede más que denunciar la aplicación y exigir la derogación de las leyes mordaza que entraron en vigor en 2015 toda vez vulneran derechos fundamentales tan esenciales como la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y de información, leyes que criminalizan la legítima protesta y la contestación social, así como la pobreza y la solidaridad; manifestamos nuestra más enérgica repulsa a todas las medidas y leyes que vayan en la dirección de coartar aún más nuestras ya menguadas libertades.
Nos solidarizamos con nuestros compañeros Jorge y Pablo a los que arropamos y apoyamos sin fisura, denunciamos la persecución que sufren y el desgaste emocional que supone estar encausado en un proceso judicial durante más de 5 años y exigimos su libre absolución.
