Comunicado.- El Sector de Empresa Privada de CSIF en Ciudad Real denuncia la situación a la que han sido abocados los vigilantes de seguridad de las dependencias de la Dirección Provincial de la Seguridad Social, cuya polémica empresa adjudicataria, líder en incumplimientos y sanciones, Novosegur, filial de Marsegur, ha sido declarada en concurso de acreedores, por Auto de fecha 12 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, procedimiento 85/2018, publicado en el BOE de 20 de marzo, designándose a tal efecto a los administradores concursales que se hacen con las riendas de esta empresa hasta la liquidación de la misma.
CSIF informa de que los trabajadores, cerca de una veintena, a los que asesora para actuaciones administrativas o judiciales, se enfrentan a un largo periodo de espera para tramitar ante el Fondo de Garantía Salarial el abono de sus salarios e indemnizaciones, así como la incertidumbre de no saber qué nueva empresa se subrogará en sus derechos y en qué plazo.
Esta lamentable situación denunciada podría haberse evitado si el órgano de contratación de dicho contrato de vigilancia, esto es la Dirección Provincial de la Seguridad Social de Ciudad Real, hubiese apoyado la propuesta previa de CSIF de excluir de la licitación a Novosegur, y si este órgano administrativo hubiese tenido posteriormente, y a la vista de los incumplimientos y la deriva hacia la quiebra de la empresa, el mismo coraje que en el Ministerio de Defensa para rescindir el contrato, se les habrían limitado las pérdidas económicas a los trabajadores.
Masiva resolución de contratos
CSIF considera escandalosa la masiva resolución de contratos por parte de las diversas Administraciones, pocos días antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Públicos, en concreto, se han publicado 3.419 contratos de servicios desde enero hasta el pasado 8 de marzo, último día en el que estaba vigente la anterior norma legal cuando en este mismo periodo, en 2017, se había resuelto únicamente la licitación de veintidós contratos, cifras que hablan por sí solas.
Desde CSIF queremos destacar el descaro y falta de ética por parte de los gestores que han llevado a cabo esta masiva resolución de contratos, pues con la nueva ley será obligatorio el cumplimiento de los convenios sectoriales, y no de empresa, tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo, amén de cumplir con el pago al día de las nóminas de los trabajadores.
CSIF se pregunta qué intereses espurios puede haber en algunas Administraciones para esquivar la nueva Ley de Contratos, más consensuada que la anterior, más exigente en sus cláusulas para defender los derechos de los trabajadores y más garantista también para la propia Administración. Es tal el montante millonario de todos esos contratos aprobados in extremis que provoca dudas en la limpieza de esos procedimientos tanta celeridad por aplicar una Ley moribunda y desbordada por la realidad.
Por último, desde CSIF significamos asimismo la pérdida de imagen y credibilidad de los gestores del Ministerio de Empleo, que debiera ser ejemplar a la hora de hacer cumplir con las obligaciones contractuales en materia laboral y ha quedado en pésimo lugar.
