El Gobierno de Castilla-La Mancha y el de Aragón han suscrito hoy un acuerdo para defender una posición común en la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), un documento a través del cual se insta al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España a que inicie ya las negociaciones con las comunidades autónomas y que consensue con éstas la posición española en las negociaciones en el contexto comunitario que ya se están produciendo en Bruselas.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Acompañado por el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona Blasco, ha rubricado este protocolo en el Ayuntamiento de Almagro que se va a trasladar mañana mismo a la ministra y también al resto de comunidades autónomas que están pensando en el futuro de la PAC “para que se adhieran a este documento en el cual se apuesta por el futuro de la política donde se quiere que no se pierdan recursos, y que no haya más cofinanciación y no tengamos que aportar más recursos en el ámbito nacional regional en una política que tiene que ser europea”.
Martínez Arroyo ha resaltado algunos de los aspectos de este protocolo de colaboración entre ambas comunidades a tener en cuenta en los debates para la definición de la futura PAC posterior a 2020 y en el contexto del nuevo Marco Financiero Plurianual, como la aplicación de “límites de ayuda por explotación y que el dinero que ahorremos en explotaciones grandes, por ejemplo, se pueda destinar para jóvenes agricultores y el relevo generacional en el campo”.
Así, en el documento se incide, además, en el apoyo a los agricultores profesionales, defendiendo las explotaciones familiares, el relevo generacional y la visibilidad de la mujer en el campo.
Aragón y Castilla-La Mancha solicitan a través de este protocolo común, que se establezca ese techo de ayudas para las grandes explotaciones, que permita ahorrar recursos y destinarlos a la incorporación de jóvenes al sector y a los verdaderos profesionales que son los que se juegan el dinero; así también, piden que para el cálculo de las ayudas no se utilicen referencias históricas, que causan desigualdades para agricultores y ganaderos en los diferentes territorios.
Según ha explicado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, de lo que se trata es de “compartir proyecto común que es la defensa de agricultores y ganaderos” porque, ha insistido hay que apostar “por los que generan riqueza en los pueblos y son la base de la economía” y al mismo tiempo nutrir la conciencia del consumidor sobre la importancia y el valor de las explotaciones agrarias que proporcionan los alimentos con total seguridad alimentaria y al mismo tiempo aseguran la pervivencia del medio rural y los espacios de alto valor ambiental.
De esta manera ha pedido al Ministerio que se tenga en cuenta a las comunidades que lo único que quieren frente a la futura reforma de la PAC es que “los sectores con mayores dificultades puedan ser apoyados por su comunidad autónoma”.
Apuesta decidida
Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona Blasco, ha incidido en la apuesta decidida de ambas administraciones “por una agricultura con agricultores, con el modelo familiar y para eso es imprescindible apostar por una reforma en serio y en profundidad de la PAC que nos permita avanzar” en esta línea. De esta forma, al igual que Martínez Arroyo, ha solicitado que las ayudas de la PAC se distribuyan “de manera más justa y eficaz”.
Durante la firma de este protocolo han estado presentes el alcalde de Almagro, Daniel Reina, así como José Luis Castellanos, secretario general de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón; Carmen Olmedo, delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real; Cruz Ponce directora general de Agricultura y Ganadería y la directora provincial de área en la provincia, Prado Amores.
En Castilla-La Mancha la actividad agrícola, ganadera y silvícola, junto con la industria agroalimentaria aportan más del 14 por ciento del Producto Interior Bruto de la región. Estas actividades, ubicadas en el territorio rural, suponen actualmente el 80 por ciento de la superficie total de la región. Las cerca de 140.000 explotaciones agrarias castellano-manchegas posibilitan, ha recordado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, el mantenimiento de la vida en el campo y la actividad económica, reduciendo el grave problema de despoblación y abandono de las zonas rurales que atenaza tanto a Castilla-La Mancha como a Aragón. Esto, ha resaltado, es posible en gran medida a la PAC, que cada año aporta a nuestras explotaciones e industrias agroalimentarias un montante aproximado de 800 millones de euros.
