A veces, los gobiernos son el problema. En vez de cuidar y abrir alamedas para personas libres, conducen a callejones sin futuro. Sólo por favorecer a corto plazo los beneficios de grandes empresas. Desde el sector financiero hasta la agroindustria, pasando por pelotazos urbanísticos y la privatización de servicios públicos.
No hay otra opción. La gente y los pueblos tienen que movilizarse para defender lo público y lo comunitario. La historia reciente de Castilla-La Mancha está salpicada de estas luchas sociales, que no han estado lideradas por partidos políticos, sindicatos u organizaciones agrarias. Han surgido de la preocupación y la toma de conciencia de la ciudadanía.
Las personas mayores salieron a la calle contra el intento de cerrar las urgencias nocturnas de determinados centros de salud en el ámbito rural. Las mareas verde y blanca denunciaron (y en ello siguen) los recortes en la educación y la sanidad pública. El colectivo de trabajadores/as interinos/as de la Junta de Comunidades ganó en los tribunales lo que se les arrebató por decreto. Las comarcas objetivo de las tierras raras, del fracking o del cementerio nuclear salieron masivamente a la calle para desterrar esas prácticas de sus campos, que condenaría lo único que tienen: sus cosechas y sus ganados.
Hoy, al amparo de ayudas económicas establecidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha con fondos de la Unión Europea, las macrogranjas de porcino ligadas a grandes empresas del sector cárnico, intentan expandirse por todas las provincias de Castilla-La Mancha. Mucha gente teme fundadamente que los impactos ambientales asociados a estas instalaciones deterioren el aire, el agua y el suelo de sus pueblos. Ante su petición de información y debate transparente en actos públicos, algunos ayuntamientos cierran sus puertas a cal y canto, contribuyendo así a una bella metáfora: la calle y no las instituciones son el lugar privilegiado para impulsar los cambios sociales.
Ante las plataformas contra las macrogranjas de porcino que están proliferando por toda la región, que piden repensar la conveniencia de este tipo de industrias en nuestro medio rural, la administración regional mantiene monolítica su postura a favor de estas instalaciones.
El Gobierno de Castilla-La Mancha asume los principios del despotismo ilustrado, donde los gobernantes afirman regirse por los intereses del pueblo al tomar sus decisiones, pero no cuentan con éste en aquellos casos donde hay un clamor contrario a sus políticas. El actual gobierno regional actuó al principio, sin complejos, como el principal valedor de la empresa minera que quería explotar las tierras raras del Campo de Montiel. Luego, la presión social le obligó a dar marcha atrás. Ahora, con las macrogranjas, lleva el mismo camino. En vez de actuar rápido de reflejos, y ponerse desde el principio del lado de la gente que defiende su tierra, sigue flirteando con empresas de dudosa responsabilidad social corporativa en lo que toca a su impacto ambiental negativo.
Hay dos cosas peores que tomar decisiones equivocadas. Una, persistir en ellas por creer que no hay mejores alternativas. Dos, no enmendarlas por preferir servir antes a empresas particulares que al interés general.
Aire, agua y suelo, porque no es otra cosa la vida.
Gregorio López Sanz
Economía, con E de esperanza
http://gregoriolopezsanz.blogspot.com.es/
Excelente articulo de principio a fin y un analisis brillante.
Esa es la diferencia de cuando la realidad la analizar los profesionales a cuando lo hacen oportunistas de medio pelo con el unico afan de seguir llenando el cazo.
http://www.lacerca.com/noticias/columnas_opinion/levantamos-mirada-futuro-409232-1.html
Otro del mismo autor, igual de bueno
La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha está aplicando escrupulosamente que se cuente con las garantías beneficiando a la ciudadanía y está haciendo muy bien sus deberes…..
Amos anda