El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado, en lo que lleva de legislatura, cerca de 130 millones de euros para mejorar la inserción de desempleados de larga duración, lo que ha permitido la contratación de 30.633 personas. Se trata de un notable esfuerzo inversor que se ha llevado a cabo con las tres primeras ediciones del Plan de Empleo para personas que han agotado sus prestaciones; el Plan de Empleo Plus y dos convocatorias del ‘Garantía +55’.
Así lo ha indicado hoy el viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Rueda, en el marco de una comparecencia en el Parlamento regional. En este contexto, ha recordado que con la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page se comprobó que era absolutamente necesario redefinir las prioridades de la política de empleo, y se puso en marcha el Plan Extraordinario y Urgente de Empleo, dirigido a los jóvenes que buscaban su primer empleo y, de forma muy preferente, a rescatar a las personas que sufrían paro de larga duración.
En este sentido, ha apuntado que en 2016 se pusieron en marcha dos convocatorias del Plan de Empleo para parados de larga duración que hubieran agotado sus prestaciones en colaboración con las cinco diputaciones provinciales. Fruto del mismo, se contrataron a 13.548 y 1.054 personas, respectivamente. El año pasado, se puso en marcha una nueva edición, ésta ya sin la participación de la Diputación de Cuenca, en la que participaron 64 entidades sin ánimo de lucro, 743 municipios y 11.479 personas.
En la actualidad, está en plena fase de selección el Plan de Empleo Plus en el que participan 310 municipios y que hará posible la contratación de 1.562 personas desempleadas de larga duración. “En total, con los planes mencionados, 27.643 personas contratadas, de ellas 1.309 víctimas de violencia de género”, ha significado.
Mayores de 55 años
En este balance, Francisco Rueda ha recordado el Plan ‘Garantía +55’, dirigido a personas perceptoras del subsidio de mayores de 55, paradas de larga duración, en el que, en 2016 participaron 212 municipios y 11 entidades sin ánimo de lucro, que pusieron en marcha proyectos de colaboración social para 1.054 personas, el 24,4% mujeres.
La convocatoria del ‘Garantía +55’ de 2017, ahora mismo en proceso de selección de participantes, ha contado con la colaboración de 237 entidades locales y cuatro entidades sin ánimo de lucro, y permitirá la adscripción a proyectos de colaboración social de 1.780 personas.
En este contexto, Rueda ha indicado, con datos de la Encuesta de Población Activa, que comparando el segundo trimestre de 2015 con el cuarto trimestre de 2017, en Castilla-La Mancha se registran 78.300 nuevos puestos de trabajo. “Un crecimiento de la ocupación de 12,6 puntos porcentuales, fuimos la segunda comunidad autónoma en creación de empleo, sólo después de Canarias”, ha matizado.
Menos desempleo
El viceconsejero ha indicado que el desempleo de personas que llevan más de doce meses buscando trabajo se redujo en 69.500 personas, en esos dos años, y el porcentaje de parados de larga duración en Castilla-La Mancha bajó 11,7 puntos porcentuales, por encima de la media española. De los nuevos empleos creados, el 88,7% se corresponde con esta caída del paro de larga duración.
“La bajada del paro de larga duración se concentra en personas desempleadas de muy larga duración, con más de dos años en búsqueda de empleo. Ha bajado más rápidamente entre los más jóvenes, un 35%, y más lentamente en los grupos de mayor edad, hasta llegar a sólo un 2% en los mayores de 55 años”, ha explicado.
Según la EPA, ha dicho, en estos dos años, el paro de los mayores de 55 años se ha reducido en 7.700 personas, lo que supone un descenso del 26,64%. “No sólo más alto que la media nacional (10%) sino que es el descenso más grande de todas las comunidades autónomas”, ha indicado, al tiempo que ha reconocido que, “este alivio en el desempleo de larga duración ha tenido una repercusión en aumentar los niveles de protección de las personas desempleadas, porque los esfuerzos del Gobierno regional se han dirigido prioritariamente a aquellas personas que habían agotado sus prestaciones, porque muchas de ellas (el 81%, según encuesta telefónica) han podido acceder a un subsidio”.
En este contexto, ha explicado que, -siguiendo con la referencia de EPA en el mismo periodo- el número de hogares con todos sus miembros en paro ha descendido en 26.621. “Hemos pasado en este periodo de que el 13,65% de los hogares de la región tuvieran a todos sus miembros en paro al 9,04%, lo que representa un descenso de 4,6 puntos porcentuales; el descenso mayor de todas las comunidades autónomas”, ha significado.
Francisco Rueda ha terminado este punto opinando que “no podemos permitir que una parte de nuestra sociedad quede al margen de la recuperación, no debemos tolerar que salgamos de la crisis dejando atrás una bolsa de paro estructural que lastre durante años el crecimiento, las oportunidades y el bienestar. Por eso desde aquí hago un nuevo llamamiento a todas las administraciones, y en particular a la totalidad de las diputaciones, empresas, asociaciones y fundaciones del tercer sector para trabajar juntos, en la misma dirección”.
Eventuales en las oficinas ‘Emplea’
En otro orden de cosas, en alusión a la pregunta planteada por el Grupo Parlamentario Popular sobre las contrataciones temporales y eventuales realizadas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, el viceconsejero, ha indicado que con la llegada de los 149 funcionarios interinos, 122 de ellos directamente a las oficinas Emplea se ha logrado “revertir el deterioro” del Servicio Público de Empleo y se han podido cumplir los objetivos planteados desde el Plan Extraordinario de Empleo al Plan de Retorno del talento y mejorando los resultados cuantitativos anuales en objetivos del Plan Anual de políticas de Empleo.
Francisco Rueda, considera necesario resolver el problema de la interinidad y temporalidad de estos servicios, por lo que ha sugerido al Gobierno central a “admitir esta realidad y poner los medios necesarios, al menos para no impedir a las comunidades autónomas implementen las soluciones”.
En su opinión, el servicio público de empleo en España arrastra un verdadero problema orgánico, de falta de recursos humanos en las oficinas de empleo para afrontar la atención personalizada a los demandantes y a las empresas. “La carencia de profesionales en gestión, orientación y acompañamiento individualizado, no sólo nos distancia de los países de nuestro entorno, sino que limita nuestra capacidad para dar una respuesta personalizada y para implantar de forma efectiva una cartera común de servicios, porque el acceso a un itinerario individual y personalizado es un derecho de las personas desempleadas”, ha subrayado.
Por último, ha lamentado que el Gobierno de la nación, al menos hasta el momento, no sólo parece indiferente a esta realidad, sino que “su única respuesta sea la parálisis, ni propone soluciones, ni siquiera parece plantearse eliminar las trabas que lo bloquean”.
