El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha apostado por el modelo de la caza social en la región con la modificación de la Ley que se debatirá en las Cortes en pocas semanas y con la que se recuperará la figura de los cotos sociales.
Según ha indicado Martínez Arroyo durante la presentación hoy del estudio sobre la evaluación del impacto económico y social de la caza en Castilla-La Mancha, junto con la Fundación Artemisan (participada por la asociaciones y federaciones de caza de todo el país), ésta es “la actividad cinegética que va a permitir mantener la actividad real de la caza en nuestros pueblos como actividad más sostenible desde el punto de vista cinegético en el territorio”.
Para el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, “no se puede entender que en Castilla-La Mancha no haya cotos sociales” y que en la anterior norma puesta en marcha en la legislatura pasada se obviaran, por lo que ha subrayado que “solo eso merece la pena desde el punto de vista de la modificación de la Ley”.
Además, ha resaltado que la nueva Ley es “mejor que la que tenemos vigente en muchos sentidos”, incidiendo en que ahora se primarán los cotos federados que también estuvieron abandonados en la legislatura pasada y a los mayores de 65 años y jubilados que podrán disfrutar de exenciones de las tasas de licencia de caza y de pesca, que actualmente suponen un desembolso de 41,62 y 8,84 euros respectivamente.
“El modelo de caza social es que el que nos va a hacer ganar la batalla de la comunicación”, ha subrayado Martínez Arroyo, quien ha apuntado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha también se hará “compatible el disfrute del campo de quienes quieran hacerlo aun no cazando”, pudiéndose usar los caminos públicos para el senderismo, y no como actualmente, donde hay que pedir un permiso al titular del coto, algo que ha calificado de “vergonzoso”.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha resaltado la importancia que tiene el sector para la economía y para el medio ambiente. Así, según se desprende de los datos del estudio realizado mediante una colaboración entre el Gobierno regional y la Fundación Artemisan, se pone de manifiesto la relevancia de la caza con una facturación del sector en la región, que alcanza los 634 millones de euros, represenatndo el 1,7% del PIB regional, lo que supone un 51% del total a nivel nacional.
Martínez Arroyo ha recalcado que también el sector en un importante generador de empleo, algo que ponen de manifiesto los 23.550 puestos de trabajo (equivalentes a jornada completa) que ha mantenido la caza en Castilla-La Mancha.
En cuando al medio ambiente, el consejero ha expresado que “uno de cada tres cotos en la región participa en proyectos de recuperación o en la conservación o desarrollo de la biodiversidad” lo que pone de manifiesto que “es compatible la actividad económica de la caza con la mejora del medio ambiente”.
Un estudio con un planteamiento global
El estudio sobre el impacto económico y social de la caza en Castilla-La Mancha se ha elaborado teniendo en cuenta tres aspectos principales, el económico, mediante la aportación directa e indirecta de la actividad cinegética; el social, a través de su implicación los aspectos culturales y de educación y sensibilización y, el aspecto medioambiental, recogiéndose la contribución de la actividad cinegética a la conservación de hábitat y especies y de los recursos naturales en general.
En este estudio se han invertido siete meses de trabajo en los cuales se ha abordado el sector desde un planteamiento global, realizando 3.000 encuestas y teniendo como base un año natural, el de 2016. Las fuentes utilizadas han sido además de datos oficiales de la propia administración, directa de encuestas a cazadores, titulares de cotos y de aprovechamientos cinegéticos, empresas cinegéticas incluso industria agroalimentaria del sector.
El acto de presentación ha contado con la presencia del presidente de Artemisan, José Luis López Shümmer; los presidentes de Aproca y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Luis Fernando Villanueva y Agustín Rabadán, respectivamente, así como representantes de Atica, Asaja y del grupo Deloitte, que ha sido el encargado de realizar el estudio.
