Carmen Quintanilla. Diputada Nacional. Presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.- Cerca de 200 millones de mujeres en el mundo sufren las consecuencias de la mutilación genital femenina (MGF). Casi tres millones de niñas menores de 15 años se encuentran bajo el riesgo de ser sometidas a este procedimiento tribal cada año.
La MGF se continúa realizando en casi 30 países del mundo, la mayor parte de ellos se sitúan en África, aunque también es una práctica consolidada en Asia y Oriente Próximo. Sin embargo, consecuencia de un mundo globalizado, con pavor y sobrecogimiento conocemos cada día más casos en Europa o Estados Unidos, hasta donde las corrientes migratorias han arrastrado también la práctica de la MGF.
Una práctica, que como bien señala Naciones Unidas, “refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas” violando sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. Se trata de una cruel costumbre que no solo sentencia la vida de las propias mujeres sino también de los bebés que, apenas siendo adolescentes, engendran.
La mayoría de niñas que se someten a la MGF tienen entre 7 y 10 años. Para las que residen en Europa, esta cifra se eleva a los 12 años. ¿Pueden imaginarlo?
Cada año 20.000 niñas piden asilo a la Unión Europea para escapar de la MGF. En Somalia, donde el 98 por ciento de las niñas son mutiladas, las vacaciones escolares representan la etapa en la que serán circuncidadas, ‘cortadas’ en argot tribal. Se les extirpan parcialmente y con apenas una cuchilla de afeitar los genitales, que serán suturados posteriormente con un hilo sin ningún tipo de garantía higiénica ni sanitaria. Aún en estado de convalecencia, la mayoría de ellas serán entregadas en matrimonio y condenadas a un futuro de dolores, infecciones, hemorragias, y posiblemente a una muerte temprana.
La Comunidad Internacional no puede apartar la mirada de estos terribles rituales, no por más tiempo. Para abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, es necesario que como sociedad realicemos esfuerzos sistemáticos capaces de involucrar e integrar a las comunidades enteras, que se enfoquen en los derechos humanos, en la igualdad de oportunidades y en la toma de decisión de las mujeres. Para ello necesitamos diálogo social y que las comunidades sean conscientes de que tienen que actuar colectivamente y poner fin a la práctica. En nuestra mano, está atender a las niñas que sufren las consecuencias de la mutilación y trabajar en materia de prevención, salud sexual y reproductiva. Níger, Somalia, Mali, Egipto, Sudán, Guinea o Sierra Leona etc. son algunos de los países en los que la mutilación genital femenina está más extendida, por ello, y desde nuestros hogares es necesario trabajar mano a mano con las comunidades asentadas en nuestro territorio. Hagamos llegar el mensaje de la igualdad, de la vida porque cada paso que demos ahora, cada esfuerzo, será un cambio decisivo para una niña, para una mujer, que encontrará en la legislación amparo y dignificación. España posee una de las legislaciones más avanzadas en protección de las víctimas de violencia de género, trata, ablación y acoso. Es un ejemplo ante la Comunidad Internacional, que puede ser tomado en aras de la globalización.
En palabras de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, “el desarrollo sostenible requiere que todas las mujeres y niñas disfruten plenamente de sus derechos humanos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promete poner fin a esta práctica para 2030”.
