La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha señalado que la dirección del Gobierno de Castilla-La Mancha irá en la senda de “buscar acuerdos y puntos de entendimiento entre quien tiene stock de vivienda y quien la necesita, que es el ciudadano”. Por eso, ha añadido que aquí el Gobierno regional es “un intermediario, un interlocutor entre ambos puntos, quien tiene la oferta y quien la demanda”.
Así se ha pronunciado la consejera durante la reunión que ha mantenido, junto a la consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, con responsables de Caixabank en busca de acuerdos de colaboración dirigidos a política de vivienda. En el encuentro también ha estado presente el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo.
El objetivo, según ha continuado García Élez, es que la colaboración de Caixabank y otras entidades financieras, repercuta en que “la gente que necesita una vivienda la pueda tener” y esto se consiga “de manera ordenada y con garantías”.
En este sentido, Agustina García Élez ha recordado que “en el Gobierno regional estamos obsesionados con este tema” y por eso se ha referido al “giro radical que se ha dado en política de vivienda con García-Page”, contando con la colaboración de entidades financieras como Caixabank y con la Consejería para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas.
Así, la consejera ha dicho que la finalidad es “dar soluciones a quien tiene un problema habitacional”, pero ha matizado que esta circunstancia no es la misma en ciudades grandes, como Guadalajara, Toledo o Ciudad Real, que en municipios más pequeños. Por eso, es necesario un diagnóstico de cada territorio para marcar esta hoja de ruta.
Dentro de la política de vivienda que están desarrollando desde la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, la titular de Fomento del Gobierno regional se ha referido a las ayudas de arrendamiento o de rehabilitación edificatoria. Respecto a las primeras, García Élez ha dicho que, esta legislatura ya se han concedido más de 11.000 ayudas de alquiler, frente a las solo 25 adjudicadas en el anterior mandato.
En lo que respecta a las de rehabilitación de edificios, y donde han colaborado varias entidades con buenas condiciones en la financiación, se han concedido ayudas este mandato por valor de más de 17 millones de euros, mientras que en la anterior legislatura solo se hizo por 40.000 euros. Esta convocatoria se está ultimando para este 2018 también, porque “la gente necesita una vivienda, pero además que esté adaptada y en condiciones óptimas de habitabilidad”, ha apostillado la consejera.
Además, Agustina García Élez ha mencionado que desde que García-Page está al frente del Ejecutivo regional se han adjudicado 631 viviendas en régimen de alquiler, un dato que supera a las del anterior mandato y que invita a “seguir mejorando y solventando las necesidades que tienen los ciudadanos en materia habitacional”.
Por su parte, Inmaculada Herranz ha señalado que “debemos garantizar que haya una alternativa habitacional en los casos de riesgo, ver qué alternativas y posibilidades nos pueden ofrecer, por ejemplo, las entidades, y que, así, puedan ser resueltas lo antes posible”.
Siguen las pruebas en el edificio de GICAMAN en Guadalajara para obtener un diagnóstico global
La consejera de Fomento también ha dicho, en respuesta a los periodistas, que en el edificio de la empresa Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), ubicado en la calle Laguna de la Colmada de Guadalajara, “actualmente se están realizando pruebas para el diagnóstico global del inmueble, por parte de empresas especializadas, para localizar las patologías y arreglarlo como solución a largo plazo”.
En el lado social, García Élez ha dicho que desde la Consejería de Fomento ya se ha dado solución de vivienda a 13 familias y se aumentará el número cuando se finalicen trámites administrativos que están en marcha. Igualmente, ha expresado que hay vecinos que prefieren optar por una ayuda económica de emergencia social, algo que están gestionando y coordinando desde Bienestar Social y la ONG ACCEM. En todo momento, tal y como ha sostenido, se está buscando causar los menores trastornos a todas estas personas para no perjudicarles en lo relacionado con sus rutinas y acceso a servicios habituales.
En base a la máxima del diálogo y la cercanía con el vecino, la consejera ha explicado que “la situación está controlada”, mientras siguen ofreciendo a todos estos inquilinos la solución entre el abanico de opciones que se habilitado; aunque el objetivo fundamental es “empezar cuanto antes las obras para que los vecinos puedan volver cuanto antes a sus casas, que es lo que quieren ellos”.
