Interinos de larga duración se organizan para denunciar masivamente ante la UE su «situación fraudulenta»

Las organizaciones de interinos siguen organizándose para luchar contra lo que consideran  «situación fraudulenta» de los empleados públicos de carácter temporal de larga duración. En esta ocasión , la Plataforma de Interinos, que agrupa a diferentes asociaciones de interinos independientes de todos los ámbitos de la Administración Pública, ha puesto en marcha una denuncia masiva, vía telemática y gratuita ante la Comisión Europea, «con el fin de que Europa se haga eco de la situación, declarada por el propio TJUE en fraude de ley, y obligue a España a que adopte las medidas adecuadas para solucionar este grave problema laboral conforme a las directrices de la CE».

Según señala la plataforma en una nota, «el Estado español viene retrasando su obligación de transponer la normativa europea en materia de contratación temporal en la Administración Pública». Concretamente la Directiva 1999/70/CE del Consejo de Estado de 28 de junio y su el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999″, prosigue, al tiempo que advierte de que «por el año de la normativa, es obvio que el Estado español no ha transpuesto esta Directiva al ámbito de la Administración Pública en el periodo obligatorio para ello (4 años, más 1 año de prórroga), a pesar de las diversas sanciones que ha impuesto la UE por el incumplimiento de su normativa».

Los interino se quejan de que «ante la obligación impuesta a España por la UE de reducir la temporalidad en la Administración Pública, la respuesta del Estado español ha sido el acuerdo firmado entre el Gobierno y los Sindicatos CCOO, CSIF Y UGT, el 19 de marzo de 2017 denominado Plan para la mejora del empleo público , conocido como el ‘acuerdazo'».

«Este plan», prosiguen, «sin llamarnos a engaños, es la aplicación de un ERE en toda regla, es acabar de un plumazo con los interinos de larga duración y sustituirlos por otros trabajadores más baratos, es tratar de quitarse el problema de años y años de contrataciones fraudulentas de un plumazo». A juicio de estos interinos, «este acuerdo habla, de forma engañosa, de estabilidad en el empleo público cuando en realidad, únicamente establece la estabilidad del las plazas, no del personal interino que ocupa esas plazas, es decir, que este Plan, entre Administración y sindicatos, en lugar de revertir el fraude a la legalidad, penaliza a los propios trabajadores víctimas de las contrataciones fraudulentas, que la Administración ha utilizado a su antojo, y les deja sin reconocimiento de ningún tipo de derecho».

Para este coelctivo, «si es detestable que en un País Democrático la propia Administración, que debe ser la defensora y garante de la legalidad, incumpla el principio de legalidad y el de primacía de la normativa comunitaria, ¿qué apelativo debería darse a los sindicatos que deberían ser los defensores de los derechos de los trabajadores más desprotegidos y que, por el contrario, firman sin temblarles el pulso y defienden a ultranza, el despido masivo de miles de trabajadores temporales de la Administración, a sabiendas de que los dejan totalmente desprotegidos y sin ningún tipo de derecho?».

Según la Plataforma de Interinos, «estamos ante un problema que ha generado la propia Administración y, por tanto, únicamente tiene dos vías de solución: la política y la judicial». En cuanto a la política, teniendo en cuenta que el Acuerdo continúa incumpliendo la normativa europea, la Plataforma de Interinos  reclama la aplicación directa del art. 61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que al hablar de los sistemas selectivos de funcionarios de carrera establece que “solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”.

«En caso contrario», advierten, «la irresponsabilidad de la Administración abocará a tener que acudir a la vía judicial (a la que muchos ya han recurrido) a unos 900.000 empleados públicos temporales, en la que ya numerosas sentencias nacionales vienen reconociendo el uso abusivo y fraudulento de los nombramientos temporales para cubrir necesidades estructurales y permanentes, pero que supondría un colapso de Juzgados y tribunales, ralentizaría la Administración de Justicia y redundaría en un perjuicio para los ciudadanos, que tendrán que hacer frente a indemnizaciones por despido millonarias». Por ello, exigen responsabilidad a los dirigentes políticos, «entendiendo que incluso podrían llegar a tener que responder de su nefasta gestión ante los tribunales por responsabilidad patrimonial, ya que están perfectamente informados de que sus actuaciones son contrarias a las normas europeas».

«Sólo falta que después del ‘acuerdazo’ que han firmado las organizaciones sindicales y que va a dejar a miles de empleados públicos temporales de larga duración en la calle, con una mano adelante y otra atrás, nos recomienden iniciar demandas de estabilidad y despido utilizando sus servicios jurídicos a buen precio. Sería un negocio redondo», concluyen.