El Gobierno regional y los sindicatos CCOO y UGT han mantenido la primera reunión de seguimiento del III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo en Castilla-La Mancha, del que hacen una valoración positiva tras los primeros seis meses desde su aprobación.
La reunión, en la que ha participado el secretario general de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Carlos Barrios, ha tenido por objeto analizar cómo se está desarrollando la aplicación de este acuerdo, que fue aprobado en julio del año pasado en Cuenca.
En el encuentro, en el que han participado por parte de CCOO, la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical, Carolina Vidal, y el secretario regional de Negociación Colectiva de Construcción y Servicios, Juan Carlos García Montoya; y en representación de UGT, el secretario de Administración y Formación de Castilla-La Mancha, Alberto Sánchez Arnedo, se ha acordado mantener la periodicidad de estas reuniones de coordinación y seguimiento.
El III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo en Castilla-La Mancha, que establece las principales líneas de actuación que deben marcar la relación de las empresas adjudicatarias que prestan servicios en el sector público regional con la Administración autonómica, fue suscrito por el presidente regional, Emiliano García-Page, y los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa y Carlos Pedrosa, respectivamente.
Este acuerdo introduce, entre otras actuaciones, medidas tendentes a fomentar la estabilidad del empleo, mejorar las condiciones laborales, garantizar el pago del salario o impulsar la prevención de riesgos laborales y la promoción profesional, y del mismo se benefician los más de 30.000 trabajadores que prestan servicios a la Administración autonómica a través de las empresas privadas.
Con respecto al anterior acuerdo, firmado en 2007, el nuevo texto establece que la Administración regional no puede contratar con aquellas empresas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, y delitos contra los derechos de los trabajadores. Tampoco se permite la contratación con las empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia laboral o social.
