La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a cuatro años de prisión a un albañil metido a constructor de Miguelturra (Ciudad Real) como autor de un delito de apropiación indebida, tal y como solicitó durante el juicio el Ministerio Fiscal.
Asimismo, el tribunal ha impuesto a A.C.C., de 61 años, la obligación de indemnizar a las víctimas –un matrimonio–, en concepto de responsabilidad civil, con la cantidad de 190.613,36 euros, que era la que se debía en mayo de 2014 más las que se hayan ido generando y se generen por el impago del préstamo hipotecario que tuvieron que pedir «hasta su total abono, con los intereses legales de dichas cantidades».
Según la sentencia, recogida por Europa Press, en marzo de 2007 el acusado, como parte vendedora, otorgó escritura de compraventa a favor del matrimonio denunciante de una vivienda en Miguelturra –destinada a primera vivienda habitual– por un precio de 137.000 euros que los compradores abonaron en el acto –dieron 13.750 euros en efectivo e hicieron una transferencia por 123.250 euros–.
En dicho contrato se hacía constar que sobre esa vivienda pesaba una hipoteca a favor de Caja de España de inversiones que estaba cancelada económicamente ya que los 123.250 euros debían ser destinadas por el vendedor a la amortización y cancelación de la misma, ya que el matrimonio pidió una hipoteca a Caja Rural sobre esa vivienda por 150.000 euros precisamente para que se cancelara esa primera hipoteca y comprar la vivienda sin cargas.
Sin embargo, el ahora condenado tenía abiertas dos cuentas bancarias en esa entidad financiera, una que se destinaba al préstamo de la vivienda que vendió y la otra a la que se hizo la transferencia por la vivienda y que el A.C.C. destinó a otros fines, no cancelando la hipoteca, si bien siguió pagando recibos mensuales hasta noviembre de 2008 pero, al dejar de pagar, el 28 de mayo de 2014 el saldo pendiente de esa hipoteca impagada sumaba 190.613,36 euros.
Los compradores, al solicitar a finales del año 2007 un certificado registral de la vivienda, comprobaron que la hipoteca no se encontraba cancelada, por lo que en varias ocasiones fueron a hablar con el acusado, quien no dio explicación alguna sobre dicho hecho, de forma que en la actualidad pesan dos hipotecas sobre la vivienda, una de ellas la que debería haber abonado el vendedor con la cantidad que percibió por la compra.
Durante el juicio, que se celebró el pasado mes de noviembre, las víctimas lamentaron que habían pagado un montón de dinero y la casa «nunca» había sido suya, mientras que el acusado se defendió alegando que en esa época tenía como diecisiete préstamos con Caja España, y que él mismo lo ha perdido todo, que está arruinado, y que nunca pretendió engañar a nadie.
El Registro de la Propiedad nº 2 de C.Real que es en el que se encuentran registradas las propiedades de Miguelturra ocurren cosas como esta.
¿Advirtió la Sra. Registradora a la Caja Rural que la finca urbana en cuestión tenía ya una carga no satisfecha económicamente, al inscribir la compra-venta y la nueva hipoteca?.
Estas anomalías ya ha ocurrido en otros casos en el mismo Registro, sin que la responsabilidad civil del Registro haya hecho frente a los perjuicios ocasionados.
Por otra parte es demencial y resulta muy poco profesional por parte de la Caja Rural al otorgar una nueva hipoteca que grava la misma finca sin pedir en el acto notarial al menos la carta de pago de la primera deuda hipotecaria.
Parece que este tema no interesa a nadie ni tan siquiera al perjudicado-condenado, victima de la burbuja inmobiliaria que hizo ricos a los grandes capitales y destruyo a los albañiles mas débiles que pensaron que con el tiempo llegarían a ser Construcciones y Contratas SA.
Al perjudicado-condenado le queda aún recurrir ante el Tribunal Superior de Castilla La Mancha, espero aproveche esta última oportunidad.