“El objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha es que las empresas tengan a su disposición incentivos reales que les permitan mejorar su productividad empresarial”. Así lo ha indicado hoy, en sede parlamentaria, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha pagado 6,5 millones de euros más, 27 puntos más de ejecución del presupuesto con respecto a lo que pagó el Gobierno anterior, en lo concerniente a programas de desarrollo, inversión, creación e internacionalización de empresas. Del mismo modo ha indicado que se están impulsando la creación de sociedades, la actividad de las empresas y de los jóvenes emprendedores, así como el autoempleo.
La consejera ha explicado que el Plan Adelante, que arrancó en 2016, es la estrategia integral de fortalecimiento empresarial para Castilla-La Mancha y ha beneficiado a más de 4.300 empresas, con ayudas públicas de más de 42,2 millones de euros de los que se han pagado 33,2 millones de euros, el 79%.
Así mismo ha ocurrido en el marco del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, lanzado a finales de 2016, que ha beneficiado ya a más de 7.000 emprendedores con ayudas al inicio de la actividad por valor de más de 11 millones de euros. Y más de 1.500 han solicitado las nuevas ayudas, que se están resolviendo en estos momentos, en las que se invertirán alrededor de 4,3 millones de euros.
Respecto a la situación de los autónomos, Patricia Franco, ha dicho que el Ejecutivo ha optado por nuevas líneas de ayudas para la consolidación de proyectos; también para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal; para el fomento del relevo generacional; al familiar colaborador del titular de la empresa y ayudas para las personas trabajadoras autónomas por la primera contratación.
La consejera ha hecho alusión a la apuestas del Gobierno regional por impulsar las zonas rurales, como la Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias y la Inversión Territorial Integrada, que se dirigen a “lograr que superemos la crisis todos al mismo tiempo y no a dos velocidades, dejando a determinadas zonas de la región y a sus habitantes, sin percibir los efectos de la reactivación de la economía”.
En el mismo sentido, y sobre la petición del grupo parlamentario en la oposición, de modificar la presión fiscal de las empresas, la consejera ha subrayado que los impuestos que más afectan y preocupan a las empresas son: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); el impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales, “impuestos que no se pueden negociar con el Gobierno regional, pero sí con el partido que gobierna el Estado”, ha dicho.
Sobre la natalidad empresarial ha indicado que el número de empresas activas en la región ha vuelto a cifras de 2012, con la creación de más de 6.400 sociedades mercantiles.
“Somos un Gobierno cercano, comprensivo y que está del lado de las empresas, por lo que concedemos todas las prórrogas posibles para que las éstas no tengan que renunciar a las inversiones necesarias para crecer e incrementar su cifra de negocio. Las inversiones no solo son buenas para la empresa, sino que crean empleo y dinamizan la actividad económica de la zona”, ha concluido.
