La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y también en la Universidad de Castilla-La Mancha(UCLM), reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas un esfuerzo para que las diferentes universidades públicas recuperen la financiación previa a los recortes realizados durante la crisis económica. CSIF entiende que la inversión en la universidad pública debe ser acorde a los indicadores positivos sobre la evolución de la economía española.
Esta situación de «infrafinanciación dilatada en el tiempo cronifica la brecha del gasto educativo, existiendo diferencias significativas en el nivel de financiación pública de cada región y presentando situaciones como el caso del Gobierno de García-Page cuya contribución en los Presupuestos del 2018 no llega a cubrir los gastos del personal de la Universidad de Castilla-La Mancha». En este sentido, CSIF recuerda que el 94’6% de la financiación de las universidades públicas depende de las comunidades autónomas.
CSIF señala que el presupuesto de la UCLM para el ejercicio 2018 ha experimentado un nuevo decremento, como ya ocurrió en los 3 ejercicios anteriores. En el año 2015 alcanzaba los 246 millones de euros y en el del 2018 se queda en unos insuficientes 219 millones de euros.
En la actualidad, España sólo dedica a la educación superior el 1,3% del Producto Interior Bruto frente al 1,5% del PIB de la Unión Europea o el 1,6% del PIB de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El sistema universitario español se nutre en torno a un 85% de recursos públicos por lo que de no incrementarse la inversión -vía Presupuestos autonómicos y Presupuesto General del Estado-, «empezaría a hacerse inviable ya que la financiación pública de las universidades, según el Public Funding Observatory de la European University Association 2017, cayó en España un 16% entre 2008 y 2016».
Según las últimas estadísticas publicadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la mayoría de los países han priorizado el gasto público en educación superior, incluso habiendo registrado niveles de retroceso del PIB similares al de España. Desde el 2008 en España la desinversión pública en universidades ha disminuido más que el PIB. La consecuencia inmediata ha sido el incremento de la brecha entre países europeos en financiación pública de sus universidades.
2018: Números rojos
Tras años de recortes, «por fin» España aumentó los fondos para universidades en 2016 y 2017 con un aumento estimado del 5,10% en términos nominales. Sin embargo, «a día de hoy seguimos en números rojos ya que el volumen de inversión en educación superior del pasado curso (7,227,915,544 €) sigue siendo inferior al de 2008 (8,879,362,459 €)». En este escenario, opina el sindicato, es complicado incrementar las becas públicas o reducir el precio de los másteres universitarios para hacerlos coincidentes con los de los grados.
Además, analizando la serie histórica «queda claro que los recortes en la financiación sobrepasan el ligero declive del número de estudiantes experimentado durante la crisis, pasando de 1.299.665 en 2008 a 1.276.681 en 2017».
Por último, CSIF denuncia que el mantenimiento continuado de estos recortes ha afectado también al empleo en las universidades, registrando una pérdida de 7.108 trabajadores (-7%) entre personal docente e investigador y personal de administración y servicios entre los cursos 2008/09 y 2016/17.
