El Gobierno de Castilla-La Mancha reitera su compromiso con el sector del taxi para garantizar su trabajo en condiciones de igualdad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su compromiso con el sector del taxi en nuestra región, que aglutina unas 1.200 licencias, para garantizar su trabajo en condiciones de igualdad con otros modos de transporte y garantizando los derechos de los usuarios.

taxisAsí lo ha señalado el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención dentro del debate y votación de la toma en consideración de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 14/2005 de 29 de diciembre de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, que ha sido aprobada por unanimidad, y por la que los taxis pasan a tener hasta siete plazas y excepcionalmente nueve en zonas de baja población.

Ésta era, además, una reivindicación histórica del sector que equipara a Castilla-La Mancha a otras regiones de nuestro entorno que ya disponen de dicha autorización.

Martínez Guijarro ha insistido en que el Gobierno de García-Page tiene “la obligación y el convencimiento” de que articular y vertebrar  la región facilitando el acceso a los servicios básicos es “imprescindible” para fijar población y eliminar las diferencias entre las personas por razones de residencia.

En este sentido, ha añadido que debido a la dispersión geográfica, la baja densidad de población en ocasiones muy envejecida, es necesario fomentar y apoyar al  transporte público en general, pero también mantener un servicio de transporte a la demanda como es el taxi “en las mejores condiciones de prestación y especialmente en las zonas rurales”, ha dicho.

Por último, se ha referido al Anteproyecto del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos Turismo, que inició su tramitación administrativa con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno del pasado 15 de noviembre de 2016, y que actualmente se encuentra en su fase final de tramitación tras la incorporación de propuestas y sugerencias por parte del Comité Español de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI) o del Instituto de la Mujer.

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