El Gobierno regional ya ha puesto a disposición de las zonas con problemas de despoblamiento y en declive socioeconómico 138,4 millones de euros de los 506 millones reservados para el desarrollo de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha, que se extenderá hasta 2020 y que contempla la puesta en marcha de ayudas y proyectos con una discriminación positiva para las inversiones que se asienten en estas zonas.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde ha señalado que hasta el momento el Gobierno del presidente García-Page ha publicado ya 15 convocatorias de ayudas que conceden entre 20 y 30 puntos más en la baremación, a aquellos proyectos que se ubiquen en zonas definidas como ‘zonas ITI’ o que sufren de manera especial elevadas tasas de desempleo.
Hernando ha explicado que esta discriminación positiva permite que estos proyectos puedan recibir hasta un 20 por ciento más de ayuda que el resto y ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el único de todo el país que dispone de una estrategia para el desarrollo de estas zonas “con fondos propios”, una estrategia que, ha recalcado, “podría ir mucho más deprisa si el Gobierno de España atendiera nuestro requerimiento de sumarse”, ya que “sólo hemos recibido su silencio administrativo”.
Entre las convocatorias publicadas hasta la fecha, y que recogen esta discriminación positiva, hay ayudas para la inversión, como ‘Adelante Inversión’, para proyectos de investigación científica y de transferencia tecnológica, transformación y comercialización de productos forestales, modernización de regadíos y fomento del autoempleo, aunque la más relevante de todas las aprobadas hasta el momento es el Plan de Empleo Plus.
Hernando ha recordado que el plazo para acogerse a esta actuación, “clave en nuestra estrategia contra la despoblación y la lucha contra el paro”, especialmente entre los desempleados de larga duración, finalizó el pasado 24 de noviembre, habiendo recibido solicitudes de 336 ayuntamientos de la región para poner en marcha cerca de 400 proyectos que darían trabajo a casi 1.600 familias “que han sufrido durante tantos años el desempleo”.
Además, ha garantizado que todos los ayuntamientos que han pedido sumarse a este plan van a poder realizar como mínimo una contratación, y que en el caso de Talavera y Puertollano, “el Gobierno garantiza poner en marcha todas las contrataciones que se hayan solicitado”. Así, en Talavera, donde el Consistorio ha presentado proyectos por una cantidad “ligeramente por debajo de la reservada” para esta ciudad, se podrán realizar 365 contrataciones. En Puertollano, la cifra se situará en 171 contratos.
Por provincias, Cuenca -con todo su territorio definido como zona ITI- acumula el mayor número de peticiones ya que el 55 por ciento de sus consistorios han pedido acogerse a esta iniciativa. En Guadalajara, lo han hecho el 34 por ciento de los consistorios. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ya está valorando los proyectos y las solicitudes se resolverán el próximo 11 de diciembre.
Hernando ha subrayado que la estrategia contra la despoblación tendrá continuidad en 2018, “con nuevas órdenes y convocatorias de ayudas que seguirán primando aquellas zonas que lo tienen mucho más complicado para converger, de que todos podamos tener la igualdad de oportunidades a pesar de la inacción y la dejadez del Gobierno de España que, a día de hoy, no ha sido capaz de poner en marcha una estrategia transversal para atajar un problema que no sólo es de Castilla-La Mancha”.
Crece en un 54,8 por ciento el presupuesto para proyectos de inclusión social
El portavoz también ha avanzado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará mañana la convocatoria de subvenciones para 2018 dirigidas al desarrollo de Proyectos de Inclusión Social (PRIS), con una dotación que el próximo año asciende hasta casi los cinco millones de euros, un 33 por ciento más respecto a 2017 y un 54,8 por ciento más si se compara con el año 2015.
Con la publicación de esta resolución, ha destacado Hernando, “cumplimos el compromiso que adquirimos con las entidades de iniciativa social de adelantar la convocatoria al ejercicio anterior, mejorando mucho la gestión si lo comparamos con lo que pasaba en la legislatura anterior cuando estas ayudas se publicaban a mediados del año siguiente”. Gracias a esta modificación, las entidades beneficiarias podrán desarrollar los proyectos desde principios de año sin que éstas tengan que anticipar el dinero.
En 2017, se aprobaron ayudas para un total de 79 proyectos, siete más que en 2016, que beneficiaron a entidades de iniciativa social y, por primera vez, a la Universidad de Castilla-La Mancha, al ampliar esta convocatoria de forma novedosa al ámbito académico. “Estos proyectos tienen mayor respaldo presupuestario y se otorgan con una gestión más eficiente y empática”, ha asegurado Hernando, que ha recordado además la puesta en marcha de 40 equipos de inclusión social formados por 74 profesionales que realizan itinerarios formativos y de búsqueda de empleo.
El Gobierno de España deja fuera de los decretos de sequía a Castilla-La Mancha
En otro orden de asuntos, y preguntado por la aprobación por parte del Gobierno central de medidas contra la sequía, que no incluyen a las cuencas de la región, Hernando se ha preguntado qué explicación va a dar la ministra a los agricultores y familias de la región cuyo sustento se basa también en el agua, porque “sincera y llanamente también se traduce en ingresos para las familias de Castilla-La Mancha”.
Así, ha añadido, “cuando el Ministerio vuelve a dejar fuera a Castilla-La Mancha, lo que viene a decir es que las familias de la región “le importan mucho menos que otras familias en otros lugares de España”.
Por último, Hernando ha calificado de “chantaje” la decisión del Gobierno de Rajoy de “rescatar a la industria farmacéutica por la puerta de atrás” y ha recordado que, una vez más, “el Gobierno de España invita pero obliga a las comunidades autónomas a pagar”. En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de España no sea competente para pagar a las farmacéuticas como tampoco lo es para pagar la Ley de Dependencia o para dar la misma atención a todas las cuencas que sufren la sequía.
Al respecto, el portavoz se ha preguntado “cuántas competencias más tienen que asumir las comunidades autónomas sin que abramos un debate sobre la financiación autónoma” ironizando sobre si el Gobierno de España “solamente está para comprar cinco helicópteros Airbus”.
